Más de cien mil familias salmantinas beneficiadas por la subida de las pensiones, el sueldo a funcionarios y el SMI

Redacción: @BejarEuropa

 

«Más de cien mil familias salmantinas se han visto beneficiadas con las tres recientes decisiones importantes tomadas por el actual Gobierno de España presidido por Pedro Sánchez, demostrando que el Gobierno del PSOE es un gobierno que cumple con sus compromisos, que cumple con sus promesas, empeñado en poner en marcha medidas sociales que impulsen la economía y que han sido tomadas, además, desde el consenso, el diálogo social y la implicación y la participación de todas las partes».

De esta forma se ha manifestado hoy David Serrada, diputado del PSOE por Salamanca, en una comparecencia ante los medios junto a los otros dos parlamentarios nacionales socialistas de la provincia, los senadores Elena Diego y Fran Díaz, para informar sobre las últimas medidas del Gobierno de España en relación a la revalorización de las pensiones, la subida del sueldo a los funcionarios y del Salario Mínimo Interprofesional, SMI, y sus repercusiones y beneficios económicos y sociales en la provincia de Salamanca.

“Prácticamente un tercio de la población activa de Salamanca depende de un salario público en su día a día, y otro tercio de los habitantes de la provincia recibe una pensión”, ha dicho Serrada, “lo que dice mucho del beneficio y del gran impacto económico que tiene para la provincia de Salamanca medidas como la revalorización de las pensiones o las subidas de sueldos y de salarios”.

El incremento del SMI, ha afirmado el parlamentario salmantino, responde al compromiso realizado por el PSOE desde hace tiempo y que no era otro que el de incrementar el Salario Mínimo Interprofesional hasta llegar al 60% de lo que es el salario medio en España, “una medida que dignifica el trabajo de las personas y no solo de aquellas que cobran un salario mínimo en nuestro país sino también porque influye en la negociación de los convenios colectivos y por tanto importante y beneficiosa para el conjunto de los trabajadores” . El impacto de esta decisión es grande en Salamanca, ha concluido, “donde más de 14.000 familias se van a ver beneficiadas” con las dos subidas propiciadas por el Gobierno socialista, la de un 22% en 2019 y la del 5% en esta semana, y que han dejado el SMI en 950 euros.

De igual manera se ha expresado Elena Diego, senadora del PSOE por Salamanca, recordando que más de 90.000 pensiones públicas de esta provincia, 11,1 millones de pensiones en España, se van a revalorizar el 0,9% con efectos del 1 de enero de 2020. Un incremento que se va a aplicar a las pensiones contributivas y no contributivas, así como a las de Clases Pasivas del Estado.

Esta revalorización, ha cuantificado la senadora salmantina, “beneficia a 80.861 pensiones contributivas y a las casi 10.000 de clases pasivas de la provincia salmantina” además, “también verán incrementadas sus cuantías las pensiones no contributivas y las de hijos a cargo con discapacidad mayor o igual al 65%.” Una línea de actuación del Gobierno de España, ha concluido Elena Diego, que continuará a lo largo de toda la legislatura.

Fran Díaz, senador por designación autonómica, se ha referido al incremento del 2% en las retribuciones de los empleados públicos decretado por el Gobierno en el Consejo de ministros del pasado día 22 de enero, y que se va a traducir en que casi 24.000 familias salmantinas, familias donde existen empleados públicos, van a ver aumentados sus ingresos a partir de ahora y con carácter retroactivo desde primeros de año, “una importante inyección para sus economías que sin duda alguna va a repercutir de forma muy beneficiosa a la economía de la provincia”.

Otra de las repercusiones y no menos importante de esta medida, ha recordado el senador salmantino, “es que los empleado públicos comienzan a recuperar con este gobierno derechos que con los anteriores gobiernos del PP han ido perdiendo de manera paulatina”. Recuperación que continuará y que responde al
compromiso de este Gobierno con los empleados, con la devolución y recuperación de derechos, y con el buen funcionamiento de las Administraciones y los organismos públicos.