- Es «una parálisis de las inversiones, ningún proyecto nuevo»
Las políticas en Sanidad de la Junta de Castilla y León del PP y Ciudadanos, y el modelo sanitario de Mañueco e Igea «supone una descapitalización de recursos, de infraestructuras y, sobre todo, de personal y de profesionales para la provincia de Salamanca» según ha descrito hoy en rueda de prensa la procuradora del PSOE por Salamanca, Carmen García, acompañada por la secretaria de sanidad y el secretario de área de defensa del estado del Bienestar en la ejecutiva provincial de los socialistas salmantinos, María García y Fidel Francés, respectivamente, para explicar los presupuestos presentados por el gobierno regional para el año que viene en esta materia.
La procuradora socialista ha afirmado que en dichos presupuestos el ejecutivo regional de PP y Ciudadanos destina para Salamanca casi doce millones menos que en los últimos presupuestos, los del gobierno de Vicente Herrera del año 2018, y todo ello, ha añadido, a pesar de que el famoso plan de inversiones sociales prioritarias 20116-2020 previsto, y que incluía proyectos e infraestructuras sanitarias para la provincia prometidas y que ya contaban con un considerable retraso, «ni se ha puesto en marcha ni ha supuesto ninguna realización, ni se ha cumplido».
García, en este sentido, se ha referido a la construcción del Centro de Salud del barrio del Zurguén en la capital, un proyecto que data del año 2010 y, para el cual, los próximos presupuestos, «once años después, recogen una partida de poco más de 50.000 euros». Presupuestos que siguen sin recoger tampoco el Centro de Salud de Prosperidad, también en la capital, ha añadido, un proyecto cuya redacción se hizo en el año 2009,»otra de las reivindicaciones que el PSOE, junto con la del Zurguén ha llevado una y otra vez a las Cortes».
En su argumentación, la procuradora socialista también ha recordado a su vez el Centro de Salud en el municipio de Calzada de Valdunciel, otro viejo proyecto iniciado en el 2008 y que «en el 2021 seguiremos con él y sin saber si con lo asignado se podrá terminar».
«Y qué decir del nuevo hospital» ha continuado, iniciado en el año 2.003, dotado con partidas presupuestarias a lo largo de los años «insuficientes», que no han supuesto a día de hoy su finalización, «algo que venimos denunciando ejercicio tras ejercicio» y, que según las previsiones y las declaraciones realizadas por la Consejera no estará listo hasta el año 2023 como muy pronto.
En definitiva, lo único que reflejan las políticas sanitarias del PP en la provincia de Salamanca es «una parálisis de las inversiones, ningún proyecto nuevo», incidiendo en los desajustes entre unas provincias, «desajustes y desequilibrios que en el 2.021 no solo se van a terminar sino que se van a agravar aún más».
Por su parte, la secretaria de sanidad del PSOE de salamanca, María García, ha incidido y profundizado en la situación actual en cuanto a la asistencia médica del Complejo Hospitalario de Salamanca, para el que la Junta anunció en agosto del 2017, hace ya más de tres años, la puesta en marcha de una Unidad de Ictus con atención 24 horas que sigue sin ponerse en marcha convirtiéndose en un incumplimiento más cuyos culpables tienen nombres y cargos y no son otros que
el gerente del Complejo Asistencia y la Consejera de Sanidad por «no contratar los profesionales, en este caso dos médicos vasculares intervencionistas ,necesarios, ofreciendo contratos dignos».
García ha apuntado también la pérdida de otro tipo de personal o de profesionales sanitarios «como neurólogos», que se han tenido que marchar a Valladolid donde se les ofrecía mejores condiciones tanto laborales como contractuales, a lo que hay que sumar las numerosas bajas en servicios esenciales como el de urgencias, «hasta un total de ocho y que siguen sin cubrir», o los traslados forzosos como el caso de un internista gracias «al decretazo» promulgado por el ejecutivo regional y que ha sido destinado a Valladolid descapitalizando un hospital y una ciudad para beneficiar a otra lo que resulta, a todas luces, «una chapuza, una insensatez una irresponsabilidad que obedece a ese modelo sanitario promovido por el PP y Ciudadanos consistente en quitar servicios a lo largo y ancho de la Comunidad para centralizarlos en Valladolid, «quitan y cierran consultorios en los pueblos, suprimen servicios, trasladan personal sanitario y todo ello para ampliar prestaciones en Valladolid y centralizarlas en la capital vallisoletana, en la ciudad del señor Igea, para ofrecerlos al resto de la comunidad» ha concluido.
A la situación del Complejo Asistencial de Salamanca y de su personal, y a la atención médica en primaria, se ha referido también Fidel Francés, secretario de área de defensa del Estado del Bienestar en la dirección de los socialistas salmantinos, quien ha hecho alusión a la extraña habilidad que tiene el señor Mañueco para provocar la unidad sindical y ponerse en contra a todos los trabajadores y los profesionales del sector con el decretazo, en un ejercicio de prepotencia y con una gestión que lo único que hace es crear más precariedad, vulnerar derechos y cuya repercusión van a pagar todos los ciudadanos».
En relación a la atención primaria en Salamanca Fidel Francés ha criticado que continúe la asistencia médica telefónica, los consultorios cerrados por toda la provincia y con algunos de ellos, en zonas básicas o cabeceras de comarca, sin ambulancia como es el caso de Alba de Tormes. En Salamanca capital, ha continuado, nos podemos encontrar con eso que han llamado de manera eufemística módulo climatizado y que no es otra cosa que un barracón o una caseta de obra vulgar donde en algunas de ellas «es peligroso hasta acceder, e inseguro permanecer, por culpa del tipo del montaje realizado», y donde «meten a cinco o seis personas sentadas en sillas, sin ventilación, de distinta procedencia haciendo dudoso que se cumplan los protocolos Covid». Una decisión, la de montar estas casetas, de la que desconocemos su autor, y de la que nos gustaría saber, se ha preguntado, "¿cuál ha sido su coste?, pidiendo además de su retirada, que se vuelvan a abrir los consultorios para que las personas, «de forma ordenada» puedan ser atendidas en su interior, «en vez de ver esa imagen patética de las casetas a las puertas de los centros sanitarios»,