- Con una partida presupuestaria para 2021 de 250.000 euros
El Movimiento en Defensa del Tren Ruta de la Plata ha remitido un escrito a los diputados de las Comisiones de Presupuestos, Transportes Movilidad y Agenda Urbano, justificando la «necesidad de asignar una partida presupuestaria para la realización de un estudio de viabilidad sobre el trazado Plasencia Astorga, así como el anteproyecto de construcción».
Se basan «en que es una petición aprobada por los ayuntamientos de la ruta de la Plata: León, Zamora, Salamanca, Plasencia, Cáceres, Mérida, Sevilla, etc., por la Asamblea de Extremadura y por el Parlamento Andaluz, junto con una Proposición No de Ley de la Comisión de Fomento en 2017». 
«Todas estas peticiones remitidas a Fomento no tuvieron respuesta y se puso en marcha una Queja al Defensor del Pueblo, que ha reconocido el derecho a la movilidad de los ciudadanos de la Ruta de la Plata y de toda España, sin discriminación por el lugar de residencia o por su nivel de renta», aseguran.
Tal y como explican desde el colectivo, «el Defensor del Pueblo ha plasmado en su informe de 2019 que la respuesta de Renfe y la Secretaria General de Infraestructuras del Ministerio de Fomento se basa en que el establecimiento del espacio ferroviario único europeo marca una convivencia de los servicios comerciales en régimen de competencia y luego unas Obligaciones de Servicio Público. El Defensor del Pueblo dice que el marco europeo no puede verse únicamente como un instrumento regulatorio para la actividad empresarial de los operadores. Y que deben contemplarse los derechos y libertades de quienes por vivir en zonas aisladas o carecer de recursos no pueden acceder a la movilidad».
Aunque parece que las Obligaciones de Servicio Público sirven para compensar el funcionamiento de los servicios menos rentables, «la realidad según el “Acuerdo por el que se establecen las obligaciones de servicio público correspondientes a los servicios de transporte ferroviario de viajeros competencia de la Administración General del Estado en la Red Ferroviaria de interés general”, aprobado en el Consejo de Ministros de 15 de diciembre de 2017 es que todas las cercanías, medias distancias y algunas líneas de alta velocidad, están catalogadas de obligación de servicio público y por tanto también subvencionadas. Como lo está la industria del automóvil, la aviación civil».
A su juicio, «la posición del Defensor del Pueblo nos reafirma en que hay discriminación por razones de lugar de residencia y de renta en el modelo ferroviario español, y esto es intolerable. Nos sentimos pues respaldados por los órganos de representación popular locales, autonómicos y estatales que apoyaron la reapertura de la línea Plasencia-Astorga y por el del Defensor del Pueblo, que defiende la igualdad de derechos de acceso a la movilidad. Y exigimos muy poco, pues el ritmo y la gravedad del cambio climático y de la despoblación justifican una mayor diligencia en acometer los cambios necesarios e ineludibles, en los cuales una malla de ferrocarril convencional es imprescindible».
Por todo ello, exigen «a los diputados del Congreso de España, y a los senadores que atiendan nuestro humilde requerimiento a la hora de votar las enmiendas parciales: Que en los presupuestos para el 2021 se tenga en cuenta una partida de 250.000 € para el estudio de viabilidad sobre el trazado Plasencia-Astorga y el ante-proyecto de reconstrucción».