ALBERTO SEGADE ILLÁN | CxByC
Alejo Riñones y el PP de Béjar han quedado retratados tras utilizar el embuste y la falsedad cuando omiten la redacción completa del artículo del Reglamento que define el plan de evacuación de los remontes o exigen, entre otras cuestiones, que se abra la estación de esquí el peor día del temporal, cuando las autoridades indicaban que nadie se desplazase; mientras ignoran la falta de diligencia de los servicios de la carretera de acceso, que no la limpiaron, estando la estación abierta, hasta el martes por la tarde.
El P.P. de Béjar no asume que ya no gobierna en Béjar, y al mejor – peor – estilo de Trump no se resigna a perder el poder, y no duda en mentir y publicitar falsedades. Como el infausto ex-presidente: injuria, porque algo queda.
Nuestro partido, tal y como señalan sus estatutos, se constituyó con el fin específico de trabajar en pro de la mejora en la calidad de vida del conjunto de la ciudadanía de Béjar y su comarca, así como sus expectativas laborales y económicas, con la estación de esquí de La Covatilla como uno de los recursos más importantes que tenemos a nuestra disposición. Por esta razón hemos mantenido una actividad constante en la información pública y en la denuncia sobre cualquier circunstancia que pudiera ser relevante, cara al mejor desarrollo y funcionamiento de esas instalaciones. Motivo que se repite ahora para salir al paso de las falsas informaciones e injustificadas denuncias.
A lo largo de los últimos cinco años, coincidiendo con la gestión de Alejo en La Covatilla hemos denunciado ante Medio ambiente la situación de la depuradora de aguas residuales y sus vertidos a los regatos de alta montaña. Igualmente, se denunciaron los destrozos y la erosión ocasionada por las primeras obras del bike-park. Ante el Procurador del Común se planteó una queja por la omisión de llevar a cabo el programa de Vigilancia Ambiental, que concluyó con una resolución que propone la apertura de un expediente sancionador. Ante el Comisionado de Transparencia se denunció la falta de contestación a los escritos registrados solicitando información, resolviendo este organismo que “el Ayuntamiento de Béjar debe resolver expresamente la solicitud de información pública presentada, comunicando, en su caso, la inexistencia de los informes anuales sobre el desarrollo del Programa de Vigilancia Ambiental correspondientes a la estación de esquí “Sierra de Béjar-Covatilla”, lo que Alejo no cumplió.
Ante la Dirección General de Transportes denunciamos el incumplimiento de los plazos marcados para las revisiones reglamentarias en los remontes y la ausencia de plan y prácticas de evacuación, lo que provocó en marzo de 2016 un requerimiento para que se llevaran a cabo. Por su parte, la Agencia Tributaria también intervino ante la ausencia de aplicación del IVA en la venta de bienes y servicios en la estación de esquí gestionada por el ayuntamiento de Alejo. Otras irregularidades cometidas por Alejo y denunciadas por nosotros quedaron aparentemente sin respuesta por parte de los mismos responsables de la Junta de Castilla y León que ahora han sido tan diligentes tras la falsa alarma propagada por el exalcalde y su partido.
También es herencia de Alejo el elevado coste soportado por el ayuntamiento en el asunto de La Pilona (17.717 euros por la retirada, más los costes de la nueva ubicación, más los abogados y costas judiciales), por querer defender una causa perdida de antemano antes que llegar a un acuerdo y, lo que es mucho más grave, una demanda de responsabilidad patrimonial por importe de más de ocho millones de euros y varias sentencias judiciales en contra del ayuntamiento, acompañadas de elevados gastos en abogados, pago de costas judiciales y embargos por indemnizaciones a los demandantes. El exalcalde, además, está incurso, como investigado en una querella penal por presunta prevaricación administrativa, habiendo prestado ya declaración, junto al exconcejal Raúl Hernández, en el Juzgado de Béjar sobre las, de momento presuntas, trampas y argucias llevadas a cabo para expulsar de La Covatilla a Gecobesa, verdadera constructora de la actual Covatilla, que quieren ahora desacreditar porque no son ellos los manejantes. Parte de la herencia, es también el ahorro en el mantenimiento, no gastó un solo euro, solo el pago de favores a algunos trabajadores y proyectos innecesarios. Ese “ahorro”´ ahora ha supuesto muchos miles de euros más para poner a punto las instalaciones y hacer funcionar por ejemplo los cañones. Hacer las cosas bien sí que habría ahorrado tiempo y dinero.
A todo ello hay que sumar la indemnización por definir tras la liquidación de Gecobesa y que corresponde legalmente tras recibir el ayuntamiento todos los bienes de la sociedad liquidada (que son muchos millones de euros por instalaciones y obra ejecutada más la cantidad resultante de la liquidación del contrato). Una cuestión que podría haberse pactado desde un principio pero que ha derivado en multitud de pleitos con, una vez más, elevados costes judiciales.
El modelo de gestión directa impuesto por el PP en la estación de esquí ha demostrado ser, además de dudosamente legal, el peor de todos los posibles, dificultando la reposición urgente de elementos o maquinaria, la agilidad en la toma de decisiones o, por poner solo un ejemplo, la confección de un calendario laboral adecuado a la función y tiempo de las diferentes actividades que se llevan a cabo en una instalación de este tipo., que se parece bien poco a cualquier negociado municipal. Así lo está pudiendo comprobar el actual equipo de gobierno que está intentando sacar adelante un proyecto para la mejora de la estación de esquí, a partir de unas subvenciones que estamos a punto de perder a causa del desacuerdo entre los partidos políticos.
Sin embargo, el Sr. Riñones encabeza ahora una campaña, falsamente fundamentada por su partido, para desprestigiar a la estación de esquí, poniendo en duda la seguridad de los usuarios. Lo hace quien, durante cuatro años, gestionó La Covatilla, siendo denunciado reiteradamente por poner en servicio los remontes sin las revisiones reglamentarias, designando a dedo los puestos de responsabilidad, eludiendo obligaciones fiscales y soslayando el adecuado mantenimiento de las instalaciones.
No parece, ante todo lo expuesto, que Alejo y el Partido Popular de Béjar estén en condiciones de abanderar la denuncia de presuntas irregularidades. Ni mucho menos, como suele decir el Sr. Riñones, cuando se basan en falsos planteamientos, como es el caso.
Cabe puntualizar, además, tras el comunicado del PP bejarano ampliamente difundido por toda la Comunidad Autónoma, el daño causado a la imagen de nuestra ciudad, y las dudas suscitadas ante la seguridad en los remontes de La Covatilla, que difícilmente se podrá reparar a corto plazo.
Cuando, durante los cuatro años de Alejo al mando de La Covatilla, esta formación política publicaba sus denuncias, a nivel local y de manera fundamentada y contrastada, con todas las irregularidades antes descritas, Alejo siempre nos tildaba de `antipatriotas´. Era su única defensa, tras las resoluciones y expedientes, ante nuestras pruebas y argumentos. ¿Cómo se le podría calificar a él ahora a la vista de todo lo expuesto? Esperemos que tanto daño ocasionado a la ciudad de Béjar no quede impune y la justicia haga su trabajo, depurando responsabilidades.