- Denuncian públicamente el incumplimiento del acuerdo plenario aprobado en octubre de 2025
Las concejalas no adscritas Olga García y Araceli Dorado han denunciado públicamente el incumplimiento del acuerdo plenario aprobado en octubre de 2025, en el que se instaba a trasladar al juzgado una “cantidad ingente de facturas sin contrato” generadas durante el anterior mandato municipal. Concretamente, Intervención destapó 1,2 millones de euros en 1.446 facturas irregulares.
Según recuerdan, aquella moción, presentada por el Grupo Municipal Socialista, fue aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Béjar, lo que obligaba al equipo de gobierno a actuar.
Las ediles subrayan que el paso del tiempo ha agravado la situación, ya que “cinco meses después” el alcalde “todavía no ha tenido tiempo de enviar toda la documentación necesaria al juzgado”, incumpliendo así un mandato institucional claro. En su comunicado, insisten en que no se trata de una cuestión política, sino de una “obligación legal y moral” inherente a cualquier cargo público.
En este sentido, recuerdan el contenido del artículo 408 del Código Penal, que sanciona a las autoridades que no promuevan la persecución de posibles delitos, advirtiendo de que la inacción y el silencio ante irregularidades pueden constituir una grave dejación de funciones. Para García y Dorado, la situación actual refleja precisamente esa falta de responsabilidad.
Ambas concejalas han sido tajantes al reclamar una solución inmediata, exigiendo al equipo de gobierno el “envío urgente y sin demora de todo el expediente” relacionado con estas facturas. Además, advierten de que no están dispuestas a “ser cómplices de un posible delito”, tras haber solicitado en varias ocasiones al alcalde que cumpla con lo aprobado por el Pleno, sin haber obtenido respuesta efectiva.
El conflicto pone el foco en la gestión municipal y en el cumplimiento de los acuerdos plenarios, en un contexto donde la transparencia, la legalidad y la rendición de cuentas se sitúan en el centro del debate político local.