Después de conocerse que las autoridades de la Junta de Castilla y León trasladan el personal adscrito a la planta de hospitalización del Hospital Comarcal de Béjar para reforzar la plantilla de los hospitales de la capital, la Asamblea Comarcal de Izquierda Unida (IU) ha emitido un comunicado al respecto manifestando:
Comunicado íntegro:
Somos plenamente conscientes de la difícil situación sanitaria que atravesamos en nuestro país y en nuestra provincia, la más afectada de toda Castilla y León por este brote de Coronavid19; somos sabedores de lo complejo que puede resultar manejar esta situación y somos, como no puede ser menos, firmes defensores de lo público y de los valores de solidaridad, responsabilidad y de la defensa de los derechos constitucionales de todas las personas que viven en España, incluidas las que habitan nuestra comarca. Sin embargo, aun entendiendo que somos humanos todos, que la sra. Verónica Casado es humana, y como tal puede estarse equivocando, pedimos que rectifique en la decisión que tanto ella como la gerencia del Hospital Clínico Universitario de Salamanca, han tomado con respecto a nuestro hospital comarcal Virgen del Castañar.
Recordamos a nuestros vecinos y vecinas de Béjar y toda la comarca que nuestro hospital tenía hace un par de décadas muchas más camas, 2 quirófanos y un paritorio; nada de eso queda, hasta verse reducidas las camas a las 7 que nos han quitado ayer con nocturnidad y alevosía.
También queremos recordar, por si alguien se ha olvidado, que el Covid19 no es la única patología que sufre y mata a nuestros vecinos, que tenemos una población de mayores, niños, jóvenes y adultos que es afectada también por otras enfermedades, por lo que nos parece una imprudencia, además de un agravio a nuestra comarca esta decisión de la Consejera de Sanidad y de la gerencia del Hospital Universitario de Salamanca.
Entendemos que la orden ministerial es la de reforzar los servicios sanitarios, precisamente en estos momentos, no hace falta ser expertos para ver que se están haciendo hospitales de campaña porque faltan camas, además de otros insumos, cada cama cuenta, cada cama es una posibilidad para una persona enferma. No pedimos que se abra una UCI aquí, pedimos lo que el sentido común y el bienestar de nuestros pueblos nos aconseja: que velemos por su derecho a la salud y a la atención sanitaria de la forma más cercana y segura posible.
Nos llama la atención que, mientras se desplazan dentro del Clínico áreas destinadas a otras patologías para atender Coronavid19, aquí se cierre un hospital limpio, no infectado por el virus y que podría atender otras patologías simplemente incrementando la plantilla tal y como esta Asamblea ha venido pidiendo a lo largo de décadas: un internista y el personal sanitario suficiente para atender el deseable y lógico aumento de camas hasta recuperar las que nos han quitado, que serían además las que hicieran rentable y viable nuestro hospital comarcal.
Mientras esto ocurre, ha tenido que ser la Asamblea Provincial de Izquierda Unida Salamanca, quien paralizara la intención de los propietarios del hospital de la Santísima Trinidad de realizar un ERTE a su plantilla, desacatando esta empresa, la orden del Ministerio que está al mando de esta situación, que no es otro que el Misterio de Sanidad.
Estamos en Estado de Alarma, se exige responsabilidad y acierto en las decisiones de quienes tienen que gestionar la situación, no arriesgando los derechos de las personas que habitamos las zonas rurales, ni aprovechando el estado de shock de la población para terminar de liquidar servicios que debieran haberse potenciado y mimado a lo largo de todos los mandatos del Partido Popular en la Consejería de Sanidad.
No nos sirven las excusas de que falta personal en el Hospital Clínico, y no nos sirven porque venimos años denunciando como la situación en Castilla y León ha hecho que muchos profesionales no puedan o no quieran trabajar en nuestra región, así como hemos levantado la voz ante la supresión de los titulares en los consultorios médicos de nuestros pueblos al no sustituir a los profesionales que se jubilaban.
Por desgracia parece necesario recordarles a nuestros gestores autonómicos que, la vida de la gente de los pueblos también cuenta y sus derechos también, la salud no puede seguir siendo objeto de mercancía, no puede seguir regulándose por las leyes del mercado. Cumplan la orden ministerial de poner a las clínicas privadas al servicio del Interés General, tomen las Instalaciones públicas que tiene la JCyL en nuestra comarca y conviértanlas en hospitales provisionales, gestionen las bolsas de empleo de forma más eficaz para dotar del personal necesario a los hospitales de la provincia, pero respeten los derechos y la salud de las personas que habitamos los pueblos.
Haremos cuanto esté en nuestra mano para revertir lo antes posible esta situación.