En un esfuerzo por blindar la estabilidad financiera de los municipios de la provincia, la Diputación de Salamanca y la entidad bancaria Unicaja han formalizado este martes una operación de tesorería que permitirá anticipar hasta 36 millones de euros a las entidades locales durante el ejercicio 2026.
El acuerdo, suscrito por el presidente de la Diputación, Javier Iglesias, y el director territorial de Banca de Empresas de Unicaja, Carlos Martín-Forero, se articula a través de una cuenta de crédito diseñada para que los ayuntamientos dispongan de recursos económicos desde el inicio del año, sin tener que esperar a los ciclos naturales de recaudación tributaria.
La gestión de estos fondos recaerá en el Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria (REGTSA). Este organismo, que cuenta con la delegación de competencias de todos los consistorios de la provincia, utilizará el crédito para cubrir los anticipos comprometidos sobre los impuestos municipales. Según los términos del contrato, se ha ejecutado una primera disposición de 18 millones de euros destinados a cubrir las necesidades del primer cuatrimestre del año.
«Es un servicio que facilita una gestión responsable», afirmó Javier Iglesias durante el acto de firma. «Permitimos que los ayuntamientos tengan financiación desde el primer día, independientemente del calendario de cobro de sus tributos».
La operación no solo implica el flujo de capital, sino también una compleja infraestructura administrativa. Unicaja será la responsable de gestionar el cobro de 850.118 recibos domiciliados, coordinando las transacciones entre las diversas entidades bancarias y gestionando las posibles devoluciones.
Esta medida responde a una demanda creciente de liquidez en la región. Los datos oficiales reflejan una tendencia ascendente en el volumen de anticipos solicitados a través de REGTSA: de los 46 millones de euros movilizados en 2020, la cifra ascendió a 56,3 millones de euros al cierre del pasado ejercicio.
Por su parte, Carlos Martín-Forero subrayó que el objetivo de la entidad es «contribuir a reforzar la estabilidad» de las instituciones locales. Las condiciones financieras, obtenidas tras un proceso de licitación pública, estipulan que REGTSA deberá reembolsar las cantidades dispuestas antes del 31 de diciembre de 2026, fecha en la que se abrirá un nuevo proceso de licitación.