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La Guardia Civil investiga a empresas responsables del transporte de residuos generados por Covid-19

Guardia Civil

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La Guardia Civil de Salamanca, mediante el Servicio de Protección de la Naturaleza, SEPRONA, ante el estimado incremento en la producción de residuos sanitarios debido a la gestión de la pandemia del COVID-19, y la posibilidad de que el flujo de gestión de estos residuos se vea sobrecargado y desbordado, lo que pudiera llevar al incumplimiento de la normativa sobre residuos peligrosos, ha llevado a cabo la inspección y fiscalización de las actividades de las distintas empresas que se dedican al transporte de dichos residuos infecciosos en la provincia.

Debido a la citada actividad fiscalizadora, los Guardias Civiles actuantes pudieron detectar como una de las empresas realizaba conductas imprudentes con este tipo de residuos, tales como:

Por estos motivos se ha investigado al transportista de los residuos peligrosos y al representante legal de la empresa por un delito contra la seguridad colectiva.

«La Guardia Civil recomienda a la ciudadanía, la descarga de la APP ALERTCOPS, para ponerse en contacto en caso de emergencia con los Centros Operativos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad Del Estado.

La app permite recibir en el móvil mensajes de aviso, cuando el mismo se encuentre en una zona afectada por incidencias.«

La Guardia Civil realiza más de 500 inspecciones en empresas gestoras de residuos sanitarios

La  Guardia  Civil  en  el  marco  de  la  Operación Retrovirus  coordinada  por  EUROPOL,    ha  llevado  a cabo  más  de  500 inspecciones en  300  centros  vinculados  con  la  gestión  de  residuos sanitarios.  En España  la  Guardia  Civil  ha  detenido e  investigado  a  44 personas en todo el territorio nacional. Además, se han denunciado 184 infracciones  administrativas  en  materia  de  residuos por  su  transporte, gestión  o  eliminación  irregular.  Pese  a  que  la  mayoría  de  gestores  de residuos cumplían con la normativa, se han detectado graves irregularidades y se han investigado para paliar los efectos de transmisión de la enfermedad.

A raíz de la declaración del Estado de Alarma, y de las consecuencias que está teniendo el desarrollo de la pandemia tanto en las personas, como en el medio ambiente, el SEPRONA de la Guardia Civil ha reforzado el control en la gestión de residuos sanitarios peligrosos y sus consecuencias. Debido al gran volumen de actuaciones higiénico – sanitarias, la Guardia Civil está teniendo una especial atención a los residuos que directa o indirectamente tienen relación con la COVID19.

El  incremento de  la  actividad  sanitaria  debido  a  la  emergencia  está implicando obligatoriamente un amplio aumento de los desechos. La forma en que se recogen, transportan y finalmente tratan y eliminan, a través de gestores  autorizados  estos  desechos,  está  siendo términos de restringir la dispersión de la COVID19.

La mala gestión individual de los guantes y las mascarillas usados, está incrementado la   presencia   de   residuos   plásticos en   ríos   y   mares, problemática cuyo impacto ambiental ya se estaba intentando reducir dada la contaminación y daño que provoca en estos ecosistemas.

Contexto internacional

En  el  marco de  la  agencia  de  la  Unión  Europea en  materia  policial, EUROPOL, la Guardia Civil ha lanzado esta operación durante el estado de alarma con el objetivo de evitar la gestión irregular de residuos sanitarios en las fases del transporte, tratamiento y eliminación final de dichos desechos con origen en los centros de atención médica o en cualquier otra instalación en  la  que  se han  desarrollado  actividades  sanitarias con  respecto  a  la emergencia  de  la  COVID19,  de  acuerdo  con  los internacionales, de la UE y los nacionales.

Se ha contado con el apoyo de EUROPOL en el análisis operativo y en el análisis estratégico de documentación para hallar posibles relaciones de las empresas investigadas con el resto de estados miembro y terceros países.

Sanciones penales

Se recuerda, que estos residuos declarados  como peligrosos, y la mala gestión o uso de los mismos puede acarrear directamente la aplicación de sanciones  penales  recogidas  dentro  de  los    delitos contra  los  recursos naturales y el medio ambiente, teniendo en cuenta que cuando pudieran perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales, se impondrá una pena de prisión de dos a cinco años, multa de ocho a veinticuatro meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a tres años.

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