- Un proyectil de plomo y dos monedas históricas, una de ellas de 8 maravedís, datada en 1800 durante el reinado de Carlos IV
Como consecuencia del plan anual ‘Pandora’ de la Guardia Civil, para la defensa permanente del Patrimonio Histórico Español, guardias civiles del Servicio de Protección a la Naturaleza (SEPRONA) de Ciudad Rodrigo (Salamanca) han recuperado varias piezas (dos monedas históricas y un proyectil de plomo) pertenecientes al yacimiento arqueológico Molino del Villar situado en el término municipal de El Payo (Salamanca).
Los hechos ocurrieron el pasado mes de febrero cuando los agentes, en las labores propias de su servicio tendente a la prevención de infracciones contra el Patrimonio Histórico, observaron un vehículo en las inmediaciones del citado yacimiento, lo que levantó la sospecha de los guardias civiles que procedieron a la identificación del conductor y al registro del vehículo.
En el interior del mismo se hallaron un proyectil de plomo y dos monedas históricas, una de ellas de 8 maravedís, datada en 1800 durante el reinado de Carlos IV, extraídas del citado yacimiento, así como un detector de metales, una pequeña pala y un pitpointer (detector de metales de mano) herramientas usadas habitualmente para la búsqueda y localización de este tipo de objetos. Por ello se le sancionó por una infracción contra el Patrimonio Cultural de Castilla y León, depositando las piezas intervenidas en el museo provincial de Salamanca.
GUARDIA CIVIL RECUERDA QUE:
Este tipo de acciones en un bien de interés cultural, sin la preceptiva autorización ni conocimientos en la materia, provoca en los yacimientos arqueológicos una grave alteración, siendo total o parcialmente destruidos eliminando su potencial como documento histórico, impidiendo con ello la obtención de los datos científicos para la reconstrucción de nuestro pasado.
Así como el uso de detectores de metales en el ámbito de yacimientos o zonas arqueológicas se encuentra prohibido, y que cualquier hallazgo o tenencia de piezas o material arqueológico deber ser comunicado, pudiendo incurrir, de no hacerlo, en infracciones tipificadas en nuestra legislación vigente nacional y autonómica de protección del patrimonio histórico y cultural.