- Pérez destacó la buena coordinación entre las fuerzas de seguridad como uno de los factores fundamentales para las bajas cifras de criminalidad en la zona
La subdelegada del Gobierno en Salamanca, Encarnación Pérez Álvarez, ha copresidido junto al alcalde de Béjar, Antonio Cámara (PSOE), la reunión ordinaria de la Junta Local de Seguridad del municipio, además de responsables de Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Local, Junta de Castilla y León y otros miembros de la Corporación.
La subdelegada del Gobierno ha vuelto a destacar la importancia de una buena coordinación entre las fuerzas de seguridad como uno de los factores que explican las bajas cifras de criminalidad en la provincia y la conveniencia de disfrutar de las fiestas con prudencia y respetando las normas de convivencia.
En la reunión se han tratado las medidas de seguridad a adoptar con motivo de las fiestas y ferias patronales de La Virgen del Castañar, que se celebrarán del 7 al 11 de septiembre, en la que se espera una afluencia similar a la época prepandémica, y que comenzara con algún evento previo como el Festival de Fusión y Rap ‘Music Experience’ y el II Festival Internacional de las Artes de Calles, Plazas y Patios de Béjar, del 2 al 6 de septiembre.
La subdelegada ha resaltado la importancia de los Puntos Violeta, para lo que se ha acordado la instalación del mismo por parte del Ayuntamiento con la colaboración de la Unidad Contra la Violencia de Género de la Subdelegación del Gobierno. Además de hacer un llamamiento a la prudencia en relación a la sumisión química para lo cual se está en coordinación con las autoridades sanitarias de la Junta de Castilla y León, en todo caso es fundamentar denunciar cualquier incidente.
Por último, se ha hecho hincapié en la planificación previa que permita una buena coordinación y cooperación entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Policía Local de Béjar, para asegurar una convivencia pacífica durante el transcurso de las fiestas.
Las Juntas Locales de Seguridad constituyen órganos de coordinación operativa e informativa que facilitan cauces de canalización que permiten la colaboración de los sectores sociales e institucionales afectados en la correcta planificación de la seguridad pública, lo que redunda, sin duda, en un mayor acercamiento entre la sociedad y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y, consecuentemente, en una mejor protección por éstas del libre ejercicio de los derechos y libertades públicas reconocidos constitucionalmente.