- Deberían haberse cobrado antes del 31 de mayo de 2007, en pleno Gobierno del PP y con Riñones siendo alcalde
Tal y como se ha venido informando en los medios digitales socios de BÉJAR EN EUROPA durante todo este tiempo, incluido el 21 de diciembre de 2016 cuando se publicó que la Junta de Compensación ‘El Rincón de La Condesa’ tendrá que abonar 2,5 millones de euros más intereses, la Justicia está resolviendo sobre esta deuda que Alejo Riñones, siendo todavía alcalde, dejó de cobrar en 2007 (hace más de 12 años). La última ha sido la sentencia emitida por el Tribunal Superior de Justicia de Valladolid que seguramente será recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.
Para aquellos usuarios que desconozcan este asunto, se lo resumimos sucintamente:
El día 9 de febrero de 2007, unos meses antes de acabar aquella legislatura, Riñones estampó su firma como alcalde en todas y cada una de las hojas del Convenio suscrito con los apoderados de la Junta de Compensación ‘El Rincón de la Condesa’.
En la cláusula tercera del Convenio se dice, textual e íntegramente: “EL ABONO DEL VALOR SUSTITUTIVO DEL 5% DE CESIÓN VOLUNTARIA SERÁ ABONADO dentro de los 30 días siguientes a la inscripción del Proyecto de Reparcelación en el Registro de la propiedad y, EN TODO CASO, ANTES DEL 31 DE MAYO DE 2007”. Todo ello, a mayores del 10% contemplado y obligatorio por Ley.
Es decir, de manera inequívoca, los 2,5 millones de euros deberían haber entrado en las arcas municipales antes del 31 de mayo de 2007, en pleno Gobierno del PP y con Riñones siendo aún alcalde. A pesar de la claridad de la fecha límite del pago, el Ayuntamiento que presidía Riñones hasta el 16 de junio de 2007 no procedió a realizar ningún trámite para poder cobrar esa cantidad. Ni siquiera la exigió.
2 años después de haber vencido el plazo estipulado para el abono, y por diversas circunstancias, el proyecto fracasó apenas comenzadas esas obras en 2009.
Tuvo que ser el equipo de Gobierno socialista, siendo ya alcalde Cipriano González, el que reclamara el pago en 2010, emitiendo en primer lugar la liquidación y después la correspondiente Providencia de Apremio, evitando de esta manera la prescripción de la deuda.
Por tanto, estamos ante una serie de pleitos y sentencias judiciales cuyo origen estaría en una falta de diligencia propiciada al no exigir el pago en tiempo y forma hace más de 12 años (antes del 31 de mayo de 2007 con el gobierno del PP).
Para CxByC, con esta operación, «todos pierden». «Béjar se queda sin proyecto, los promotores sin negocio, el Ayuntamiento difícilmente va a cobrar de empresas liquidadas o insolventes y, además, al no aceptar los terrenos como pago, también se queda sin terrenos», aseguran.
