- Suman el 60% de los dictámenes solicitados por daños o perjuicios ocasionados a la ciudadanía
La procuradora socialista, Yolanda Sacristán, destacó en su intervención parlamentaria que la que la Memoria del Consejo Consultivo de Castilla y León correspondiente al año 2019 pone de manifiesto que el mayor número de dictámenes en materia de responsabilidad patrimonial de la Junta de Castilla y León se centra en el ámbito sanitario y se preguntó qué va a pasar cuando estas reclamaciones se multipliquen debido a la crisis sanitaria de la Covid-19.
«Si ahora la Consejería de Sanidad tarda más de 2 años en resolver los expedientes que tienen un plazo máximo de 6 meses, qué va a pasar entonces», señaló tras exponer que el 60% de los dictámenes solicitados por la Junta por daños o perjuicios ocasionados a la ciudadanía son de responsabilidad patrimonial sanitaria y, en la mayoría de los procedimientos, «no es que la Consejería de sanidad incumpla el plazo legal de 6 meses para dictar resolución, es que tardan en torno a 2 años, y no pocos superan este plazo».
Algo, que tal y como denunció, «sucede desde hace mucho tiempo y supone e incumplimiento del Estatuto de Autonomía”, que proclama el derecho de la ciudadanía a una buena administración y a que se resuelvan sus asuntos en un plazo de razonable».
También supone, según expuso Sacristán«“un ensañamiento con pacientes o familiares víctimas de una mala atención sanitaria que acuden a los tribunales, con el consiguiente desembolso económico que ello supone, buscando el resarcimiento que la Junta debe darles y no les da», y conlleva la generación de gasto público por la sobrecarga de los tribunales y por el mayor gasto que se puede derivar de la actualización de la indemnización en caso de producirse.
Junto a esto, la representante socialista subrayó que por quinto año consecutivo más de la mitad de los dictámenes elaborados por el Consejo Consultivo han tenido su origen en consultas formuladas por las Entidades Locales, lo que consideró «una muestra clara, del dinamismo del mundo local y del gobierno de proximidad y de la ralentización de la actividad de la administración autonómica».
Respecto a los dictámenes de proyectos normativos de la Comunidad, Sacristán se refirió a los numerosos errores, normalmente de procedimiento, detectados y advertidos por el Consejo Consultivo, por lo que consideró que «una Administración que tiene tan malos resultados en los tribunales, cada vez que le recurren un decreto, debiera tratar con el cuidado y rigor jurídico que merecen estos procedimientos que regulan la vida de los ciudadanos y ciudadanas, las familias y las empresas de la comunidad».
En esta línea, recordó las serias advertencias en materia de seguridad jurídica del Consejo Consultivo al proyecto, más propagandístico que efectivo, de decreto de autorización y funcionamiento de los Centros de carácter social para la atención a las personas mayores tras la anulación judicial de los Decretos 2/2016 y 14/2017, que se ha quedado en el tintero, al verse sobrepasado por la crisis de la Covid-19.