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El Juzgado archiva la demanda de Riñones sobre el derribo de la pilona

  • «Todo lo dicho por Alejo para justificar su bochornosa actuación en este episodio es mentira»

El pasado 11 de diciembre de 2018, el presidente de la Comunidad de Propietarios de la Finca ‘El Tremedal’, Francisco Montero (quien fuera accionista mayoritario de Gecobesa, y precursor de su brazo político, CxByC, así como de la Asociación Habeas Corpus), anunció que se se había “procedido a iniciar los trabajos de retirada de una serie de elementos, tras quedar probado que perturban la posesión pacífica de los terrenos de la sierra del Tremedal que limitan con la estación de esquí La Covatilla”. Entre ellos la famosa pilona, en base a un decreto del Juzgado de Piedrahita que desestimaba las alegaciones del Ayuntamiento de Béjar.

Posteriormente, el equipo de Gobierno del PP, y con financiación municipal, repuso esa pilona fuera de los terrenos en litigio (10 metros más abajo) y acortando la longitud del remonte. Al mismo tiempo, y tratando de vender esa retirada como un acto ilegal, amenazaron con que sería «exigida la responsabilidad jurídica en todos los ámbitos y la posterior reclamación de los gastos generados de estas actuaciones».

Ahora, el Juzgado de Piedrahita se ha pronunciado desestimando y archivando la demanda presentada por Riñones, y su equipo de Gobierno del PP.

El auto judicial, de fecha 5 de abril, indica textualmente:

“El Sr. Montero, con su actuación, lo único que ha realizado son las actuaciones recogidas en el Auto de 3 de septiembre de 2015 y que están amparadas judicialmente. Para ello ha obtenido las licencias y permisos preceptivos e incluso ha comunicado al Excmo. Ayuntamiento denunciante la fecha de realización de tales actuaciones, sin que, en este momento, pueda alegarse que desconocía tales intenciones”.

Para la Asociación Habeas Corpus, colectivo íntimamente vinculado a  CxByC (brazo político de Gecobesa) y al propio Francisco Montero, «todo lo que ha dicho Alejo para justificar su bochornosa actuación en este episodio es mentira. Sabía perfectamente que no tenía razón desde un principio, pero antes de llegar a un acuerdo que hubiera sido ventajoso para todos, prefirió abusar de su condición de «alcalde-sátrapa» que pasa por encima de la Ley y de los derechos de los ciudadanos».

¿Cómo va a justificar ahora los miles de euros, de nuestro dinero, que se han gastado en pleitos abogados y costas judiciales? ¿los va a pagar de su bolsillo? ¿Va a pedir perdón por todas las mentiras e infamias que ha vertido? ¿Cómo va a explicar que, en vez de solucionar el problema a tiempo, haya puesto en riesgo la funcionalidad de la estación e esquí? ¿Cómo va a acreditar todo el dinero gastado en solucionar el problema creado por él mismo a las puertas de la temporada de esquí? La suma puede elevarse a más de 150.000 euros (17.700 por decreto del juzgado, 48.000 por las costas que reclamará la parte demandada, una cantidad similar por los gastos propios de asistencia letrada y lo que pueda haber costado el “traslado urgente de la pilona”, en materiales y sueldos de operarios pagados con nuestros impuestos)

Un desatino más de nuestro alcalde que ha logrado cargarse la estación en cuatro años y que hace unos meses hizo oídos sordos  a la sociedad más importante del mundo de la nieve y parques de ocio, que había mostrado interés en gestionarla. Quizá lo pueda explicar ahora que comienza la campaña electoral.

También podrá explicar lo que va a pasar con el solar de Valdepalacios en la calle Colón nº 4, por qué el ayuntamiento rechazó en 2006 la cesión gratuita del suelo para ampliar la calle y porqué el proceso de expropiación está paralizado. ¿Será porque la alineación también afecta al solar conjunto de su abogado y amigo?

La licencia para cerrar el solar fue solicitada y pagada con fecha 1 de abril, habiéndose comunicado oficialmente que las obras se llevarán a cabo después de semana santa. Cuando la calle se corte ¿Volverá Alejo a decir que no sabía nada? ¿Volverá a echarle la culpa a otros de sus errores y falta de respeto por la legalidad vigente?

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