PP y Vox tumban el blindaje del parque público de vivienda en Castilla y León
- Encarecimiento de la vivienda en la provincia: Sube un 8% el alquiler y un 17% el precio de compra
El PP y Vox han rechazado en las Cortes de Castilla y León una iniciativa del PSOE destinada a mantener dentro del patrimonio público las viviendas de titularidad autonómica y reforzar los mecanismos de control sobre el parque protegido. La propuesta obtuvo 34 votos a favor, 47 en contra y una abstención.
La iniciativa socialista planteaba garantizar la permanencia de estas viviendas en el patrimonio público y evitar que pudieran ser transmitidas a fondos, sociedades o vehículos de inversión inmobiliaria. También proponía reforzar los controles sobre las viviendas protegidas y mantener un registro actualizado de su titularidad, régimen de protección y posibles transmisiones o descalificaciones.
El portavoz socialista en las Cortes, Carlos Martínez, defendió que el objetivo era impedir que las viviendas construidas con recursos públicos terminen convertidas en un activo para el negocio de fondos de inversión. Durante el debate denunció además la existencia de casos en los que, según sus datos, las personas adjudicatarias están soportando cobros superiores a los establecidos por la propia Administración autonómica.
Martínez puso como ejemplo el caso de un vecino de Valladolid que reclama por unas cantidades que considera superiores tanto a los precios de mercado como a los cánones establecidos por la Junta. También aseguró que algunos propietarios están pagando 100 euros mensuales por encima de esas referencias a gestoras vinculadas a fondos de inversión, con unos beneficios que cifró en más de 250.000 euros. Estas situaciones fueron expuestas por el socialista como ejemplos de los problemas que, a su juicio, debería abordar la Administración autonómica.
El debate se produjo apenas un día después de que este medio recogiera las cifras aportadas por el propio Martínez sobre la evolución de la vivienda protegida en Castilla y León. El dirigente socialista situó en el 1% la proporción actual de viviendas construidas con algún tipo de protección, frente al 71% que atribuyó a los años 80, y cifró en 5.352 viviendas el parque autonómico actual frente a las 9.644 que, según sus datos, existían al inicio de la etapa de Alfonso Fernández Mañueco.
La defensa socialista encontró la oposición del PP, que consideró que la iniciativa parte de un diagnóstico equivocado y sostuvo que el problema de acceso a la vivienda no puede reducirse al parque protegido. El procurador popular José Luis Sanz Merino afirmó que el régimen de protección ya cuenta con mecanismos de control y defendió las actuaciones desarrolladas por la Junta, entre ellas las viviendas actualmente en construcción y las programadas.
Vox también votó en contra, aunque desde una posición diferente. Su procuradora María Dolores Mateo responsabilizó al PSOE de la situación de la vivienda y vinculó el problema con sus políticas sobre inmigración, además de defender medidas relacionadas con suelo, fiscalidad y construcción.
El debate autonómico tuvo su reflejo en Salamanca a través del secretario provincial del PSOE, David Serrada, que volvió a situar el acceso a la vivienda entre los principales problemas de las familias y los jóvenes. Según los datos manejados por el dirigente socialista, el alquiler ha aumentado un 8% durante el último año en la provincia y el precio de compra lo ha hecho un 17%.
Serrada responsabilizó a la Junta de no utilizar, a su juicio, las competencias y recursos disponibles en materia de vivienda. El socialista recordó que Castilla y León tiene las competencias exclusivas en esta materia y señaló que la Administración autonómica recibió 78 millones de euros en el anterior plan estatal de vivienda y tiene previstos 226 millones hasta 2030. El PSOE reclama que esos recursos se traduzcan en un aumento efectivo del parque de vivienda asequible.
El dirigente socialista salmantino también cuestionó que la Junta no haya aplicado en Salamanca las herramientas previstas por la legislación estatal para las zonas tensionadas. Según sostuvo, la práctica totalidad del municipio de Salamanca reúne las condiciones para esta consideración y su aplicación permitiría establecer mecanismos de contención de los alquileres y otras medidas de protección.
El PSOE de Salamanca extiende además sus críticas al Ayuntamiento de la capital y reclama que las distintas administraciones utilicen sus competencias y recursos para aumentar la oferta de vivienda asequible. La subida de los precios en la provincia convierte así el debate autonómico sobre el parque público en una cuestión con consecuencias directas también en Salamanca, según la posición defendida por los socialistas.
