Alejo propone repetir la película

• «Ha sido el actor principal del declive de La Covatilla, bordeando en varias ocasiones la legalidad»

| ALBERTO SEGADE ILLÁN |

Recién terminada la segunda temporada más corta en La Covatilla (con 70 días de esquí, frente a los 50 de 2016) hemos asistido al ofrecimiento del portavoz del Partido Popular para hacerse cargo de su gestión, calificando la del `tripartito´ en el gobierno como decepcionante. No hará falta que insistamos en que no nos parece lo más conveniente, ya que el Sr. Riñones ha sido el actor principal de su declive, como se demuestra al analizar las causas de que, en este momento, el futuro de nuestra estación de esquí esté más incierto que nunca.

A todos los problemas acumulados y sin resolver tras la `gestión popular´ que ahora propone reeditar D. Alejo, se ha añadido la baja de servicio del telesquí Canchal Negro, motivada por la modificación realizada en el mismo, tras la retirada de su última pilona por orden judicial, ya que invadía una finca particular.

El Ayuntamiento gobernado por Alejo Riñones pagó costas judiciales y el gasto soportado por los propietarios de la finca para la retirada de dicha pilona (algo más de 17.000 euros). También el importe de su posterior reubicación. Todo por no querer dar su brazo a torcer. Pero lo más grave fue que el `arreglo-remiendo´, con retorno desviado, ha provocado un informe desfavorable de la empresa instaladora, que impide su utilización por cuestiones de seguridad, dejando la estación sin acceso a las pistas por encima de la cota 2.250.

Pero este asunto, con ser grave, no es lo peor. La decisión del Sr. Riñones, tras la liquidación de Gecobesa, de gestionar las instalaciones directamente desde el Consistorio y que se arrastra desde 2014, es difícilmente asumible, a la vista de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, siendo, como es, una actividad empresarial de alto riesgo, que precisa cuantiosas inversiones en mantenimiento y puesta al día, con elevado coste de explotación. El déficit acumulado tras varios años de gestión municipal, podría motivar una actuación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, como responsable de garantizar el cumplimiento de la citada Ley.

La gestión directa de La Covatilla por parte del Ayuntamiento ha hecho prevalecer los criterios políticos y partidistas sobre los técnicos y profesionales, lo que ha conducido a un bloqueo permanente en la toma decisiones, que llega al colmo ante la posible pérdida de las ayudas concedidas en cuantía de millones de euros. En el aspecto práctico de la gestión diaria, en una instalación tan compleja y sujeta a fuertes inclemencias meteorológicas, los procedimientos propios de la administración local dilatan en el tiempo hasta el absurdo la adquisición de repuestos y la renovación de maquinaria.

Por añadidura, hemos conocido, en aquella época, contrataciones a dedo, uso y abuso de varios departamentos municipales, sin repercusión del coste, para las labores de mantenimiento y explotación; falta de transparencia en las cuentas e inobservancia del Plan de Vigilancia Ambiental, que provocaron sendas resoluciones, con varapalo para el Ayuntamiento de Béjar, de la Comisión de Transparencia y la Oficina del Procurador del común y, como guinda del pastel, expediente de la Agencia Tributaria por no aplicar el I.V.A. en varios servicios. Pesa también en contra, el abultado importe en costas judiciales y abogados pagado con nuestros impuestos, con procesos aún pendientes de resolución.

El Ayuntamiento presidido por Alejo Riñones decidió que el Ayuntamiento manejara un presupuesto de siete cifras, en euros públicos, para una actividad mercantil, pero con las armas y bagajes de la Administración, bordeando en varias ocasiones la legalidad. Nosotros denunciamos desde el principio esta situación como irregular, ahora comprobamos que también es ineficaz y hasta dañina para los intereses de la estación y de la propia ciudad.

Consideramos, por lo tanto, que la solución para La Covatilla, debe centrarse en la organización de competencias. Que decidan los políticos, pero siempre a partir de informes técnicos solventes y contrastados, no a partir de las opiniones de los que `saben de nieve´ y que la gestión esté a cargo de profesionales. Esto se puede conseguir, siempre con decisión consensuada, retomando el modelo de concesión o creando una sociedad pública que puede ser también mixta, integrando todos los recursos turísticos en manos del Ayuntamiento.

Pero mientras todo esto, que es lo importante, se resuelve, no podemos dejar de atender a lo urgente, que compete al actual equipo de gobierno, tras hacerse cargo de la papeleta heredada. Cerrada una temporada extremadamente adversa, que se ha salvado a pie de obra con el buen trabajo del personal de la estación, y cara a la próxima, es necesario recuperar el remonte de cumbre. A medio plazo, antes del final de legislatura y de que caduque el Plan de Reindustrialización, deben quedar definidas y aprobadas las inversiones acogidas al mismo.

No tenemos tiempo para más debates estériles, hay que promover el consenso para salvar La Covatilla. Aprendamos, todos, de los errores del pasado  y no rebobinemos la cinta.