- Rubio (PSOE) instaba a paralizar los recortes sanitarios iniciados en esta zona, tanto en medios, consultas y profesionales
PP y Vox han impedido y evitado en la Cortes que la Junta anulara sus decisiones sobre la reorganización sanitaria en Béjar y su comarca votando en contra de una iniciativa del PSOE, defendida por la procuradora salmantina, Rosa Rubio, en la Comisión de Sanidad de la Cámara autonómica en la que se «instaba a paralizar los recortes sanitarios, tanto en medios, consultas, como en profesionales, iniciada en la Zona Básica de Salud de Béjar por la Gerencia de Atención Primaria de Salamanca».
La procuradora ha recordado, en defensa de su petición para paralizar la reorganización de la asistencia médica y de facultativos en la comarca de Béjar, varias directrices emitidas por los responsables provinciales de la Consejería de Sanidad donde se obligaba a los profesionales sanitarios, más concretamente a los facultativos, a trasladarse de demarcación o de municipio, o lo que es lo mismo, suprimir consultas en unas localidades y cerrar consultorios para trasladarlas a otras y obligar a sus vecinos donde se han suprimido a tener que trasladarse o desplazarse para recibir atención médica cuando, ha dicho, “la atención médica es un derecho fundamental y esencial se viva donde se viva».
En este sentido, y a modo de ejemplo, ha citado que «los pueblos de El Cerro y Peñacabellera, según la directriz decretada por la Junta, veían como se eliminaban la consulta en sus centros y su habitantes pasaban a ser atendidos por un médico en los municipios de Montemayor y Puerto de Béjar respectivamente, o como la localidad de Candelario asumía la prestación de asistencia médica de los residentes en Navacarros y La Hoya. Una directriz que fue anulada por la presión ejercida por facultativos, ciudadanos y alcaldes de los pueblos afectados», ha insistido la procuradora socialista, «y cambiada por otra orden en la que se seguía trasladando facultativos de algunas demarcaciones pero esta vez a la cabecera de comarca en Béjar, es decir, una decisión igual a la anulada, con otro nombre, en un documento diferente pero con los mismos efectos devastadores, injustos y desastrosos para la población».
La parlamentaria socialista ha «rechazado la justificación dada por la Consejería de Sanidad para continuar con esta reorganización sanitaria, eliminando consultas, cerrando consultorios, y trasladando facultativos basada en la falta de médicos puesto que, si existe ese déficit de médicos de familia, 600 según recoge un informe de la sociedad española de médicos de familia y comunitaria», al que ha apelado Rubio, «se debe a la falta de convocatorias y de oferta pública de plazas MIR en esta especialidad durante la etapa del Gobierno de Rajoy, algo que este Gobierno que preside Pedro Sánchez ha cambiado, aumentando en un 30% la oferta pasando de las 6.531 con un gobierno del PP a las 8.850 del ejecutivo socialista en mucho menos tiempo de mandato».
«El problema no es el número de médicos», ha concluido Rubio, «el problema del desmantelamiento de la sanidad rural y las grandes deficiencias de la sanidad pública en Salamanca y Castilla y León está en las políticas de la Junta, y del señor Mañueco, pagando a los médicos menos que en otras Comunidades, lo que hace que se vayan, y sometiéndoles a unas malas condiciones laborales».