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Diputación destina 10.000 euros para combatir la exclusión social en Béjar a través de Cáritas

  • Cáritas Béjar destinará esos fondos a la detección y seguimiento de los demandantes de subsistencia básica

El presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias y los directores de Cáritas Salamanca, Ciudad Rodrigo y Béjar, Carmen Calzada, Isabel Yugueros y Manuel Bruno, respectivamente, han rubricado sus respectivos convenios de colaboración orientados a combatir la exclusión social de colectivos vulnerables en la provincia, con un total de 80.873 euros.

Así, gracias al convenio firmado con Cáritas Salamanca, se destinarán 49.873 euros a diferentes acciones dirigidas a atender a personas, que, por su condición de refugiados, inmigrantes o personas en riesgo de exclusión, se encuentran en situación de especial vulnerabilidad.

En este sentido, se centrarán en varias líneas de trabajo como son la de prestar atención social dirigida a cubrir las necesidades básicas de subsistencia (provisión de alimentación, vestido o alojamiento); atención a personas inmigrantes con residencia en los municipios de la provincia en el asesoramiento e información que requieran; la línea dirigida a la acogida de personas refugiadas solicitantes de protección internacional; y por último, también se centrarán en actividades encaminadas a eliminar situaciones de discriminación existentes en los diversos colectivos desfavorecidos, apoyando el funcionamiento del Centro de Acogida Padre Damián.

En cuanto a los convenios suscritos con Cáritas Ciudad Rodrigo y Cáritas Béjar se destinarán respectivamente 21.000 y 10.000 euros.

A través de Cáritas Ciudad Rodrigo, el convenio especifica la necesidad de impulsar el programa de prevención familiar de la drogodependencia ‘Lazarillo’, al que se destinarán un total de 15.000 euros, mientras que los 6.000 euros restantes serán aportados para la financiación de situaciones de desamparo personal y prevención de riesgo de exclusión social.

Por último, Cáritas Béjar se compromete a destinar los 10.000 euros que se contemplan en su convenio a la detección, derivación y seguimiento desde los CEAS y servicios sociales especializados de las personas que necesitan este tipo de atención especializada de subsistencia básica.

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