Editorial 539 | Una medalla, 199 asesinatos y una deuda con la memoria

• Cumplir la ley forma parte de la responsabilidad institucional democrática

Hay decisiones municipales que apenas dejan huella más allá del acta del pleno. Otras hablan de una ciudad, de su pasado y también de la sociedad que quiere ser. La retirada de la Medalla de Oro de Béjar a un dictador pertenece, sin duda, a esta segunda categoría.

No hablamos de una vieja pieza de metal ni de una disputa sobre símbolos del pasado. Hablamos de un reconocimiento institucional concedido en 1949 al hombre que encabezó durante décadas un régimen, sostenido mediante la represión, y nacido de una sublevación militar contra la República legalmente constituida. La historia debe conservar aquel acuerdo. La democracia puede y debe decidir que aquel homenaje deje de formar parte de sus reconocimientos.

A partir de aquí aparecerán los argumentos habituales de quienes intentan restar trascendencia, desdibujar el significado, blanquear la dictadura, y convertir en una cuestión menor un hecho histórico como la restitución de la dignidad de Béjar. Dirán que existen problemas más importantes, que hay otras prioridades municipales, que aquello ocurrió hace demasiado tiempo o que Franco hizo cosas por esta ciudad. Una dictadura puede construir carreteras, levantar edificios o realizar obras públicas. Nada de ello convierte una dictadura en democracia, ni los crímenes en accidentes.

Decenas de miles de personas fueron ejecutadas; cientos de miles tuvieron que marcharse al exilio y miles sufrieron cárcel y torturas. Y esas atrocidades también llegaron a Béjar y a su comarca.

Los estudios sobre la represión franquista en nuestra comarca han documentado 162 personas identificadas, y otras 37 sin identificar, que fueron asesinadas simplemente por su ideología democrática. Son 199 vidas segadas. No son una cifra abstracta. Son vecinos, familiares, trabajadores, padres, hijos y hermanos. Son personas con nombres y apellidos, con proyectos de vida y familias que durante décadas tuvieron que convivir con la ausencia, el miedo y el silencio.

Otra cuestión fundamental es que retirar la medalla desgraciadamente no borra la historia. La conserva en su lugar correspondiente. El acuerdo de 1949 seguirá en los archivos municipales, podrá ser estudiado y continuará formando parte de la historia de la ciudad. Lo que cambia es la decisión institucional de mantener vigente aquel reconocimiento.

Siempre habrá una calle por arreglar, un servicio por mejorar, una obra pendiente o una necesidad social urgente. Un Ayuntamiento debe ocuparse de todas ellas. Cumplir la ley forma parte de esa responsabilidad. La Ley de Memoria Democrática establece la revisión o retirada de honores y distinciones incompatibles con los valores democráticos o vinculados a la exaltación de la sublevación, la Guerra o la Dictadura.

Por eso esta decisión tiene una importancia que supera con mucho el tamaño de una medalla. Tiene una dimensión política, simbólica, jurídica y, sobre todo, de dignidad democrática. Una institución democrática decide qué figuras honra y qué valores representan sus reconocimientos. Béjar tiene derecho a conservar su historia completa, incluida la concesión de aquella medalla en 1949, pero también tiene derecho a decidir qué homenajes mantiene en 2026.

Frente a quienes reclaman pasar página, conviene recordar que pasar página no significa arrancarla. Significa leerla, conocerla y colocar cada hecho en su contexto. En Béjar, ese contexto incluye también a quienes fueron ejecutados, encarcelados, torturados, perseguidos o condenados al exilio por defender simplemente unas ideas democráticas.