El vertedero de Gomecello está lleno apenas 10 años después de su puesta en marcha

Redacción: @BejarEuropa

 
  • La Junta ha sometido a información pública la modificación sustancial y el estudio de impacto ambiental para la ampliación del CTR de Gomecello (Salamanca). Ecologistas en Acción ha presentado alegaciones contundentes

–          El CTR no ha cumplido la función para la que fue construido (tratar residuos orgánicos e inorgánicos y tener un depósito de rechazos de una parte mínima de la basura) al no haberse acompañado de un modelo de gestión eficiente

–          En este caso, además, como en otros casos promovidos por la Junta de Castilla y León, desde un punto de vista legal, se vulnera el principio de jerarquía normativa según nuestro ordenamiento jurídico.

La autorización ambiental del depósito de rechazos cuya modificación sustancial ahora se plantea, fue otorgada mediante Ley 6/2005, de 26 de mayo, de declaración de Proyecto de interés Regional para la instalación de un Centro de Tratamiento de residuos Urbanos para la provincia de Salamanca en el término municipal de Gomecello. Por tanto “si se pretende modificar una autorización otorgada por ley, deben ser las Cortes de Castilla y León las que promuevan dicha modificación y no la Administración Regional la que lo haga”, ha explicado José Ramón Barrueco, miembro de Ecologistas en Acción de Salamanca.

A este respecto conviene recordar la reciente Providencia (17 de febrero de 2020) de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que ha inadmitido el recurso de casación de la JCyL contra la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que anulaba en firme la exención de licencia ambiental concedida hace dos años por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente a las explotaciones ganaderas intensivas, quedando así confirmado que no era posible modificar la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León mediante el Decreto 4/2018, de condiciones ambientales mínimas para las actividades o instalaciones ganaderas, porque invadía la competencia legislativa exclusiva del Parlamento autonómico.

Desde Ecologistas en Acción han pedido, una vez más, el cese del Consejero de Fomento y Medio Ambiente, Sr. Suarez Quiñones, juez en excedencia, «incapaz de observar la más elemental legalidad en las disposiciones de su Consejería en relación a materias como la participación ambiental, la caza, la conservación del lobo, la quema de rastrojos, la contaminación atmosférica o las actividades clasificadas, en las que ha recibido numerosas sentencias contundentes de los tribunales de la comunidad».

«Por otro lado, la ampliación propuesta del depósito de rechazos excede la ocupación máxima del 40% establecida por el punto 4 del artículo único de la Ley 6/2005 anteriormente citada, al ocupar 174.817 mde los 395.249 mque tiene la parcela del vertedero», aseguran.

En relación a la ampliación propuesta «debemos recalcar la pésima gestión de los residuos en nuestra provincia, al necesitar una ampliación cuando sólo ha transcurrido poco más de una década de su puesta en marcha».

Lo que viene sucediendo en el vertedero industrial de Zaldibar (Vizcaya) ha puesto de relieve la situación caótica de la recogida y tratamiento de los residuos en nuestro país. «En Ecologistas en Acción estamos convencidos que la única manera de parar la ingente cantidad de residuos es mediante la concienciación de la población (reducción-reutilización), la reducción del consumo y la apuesta responsable de las administraciones por del sistema Retorna que apuesta por el depósito, devolución y retorno de envases frente al modelo privado de reciclaje en iglús de Ecoembes que se ha demostrado inútil para frenar la generación de residuos e ineficaz para lograr un cambio que a largo plazo beneficie a la población, más bien al contrario. Los datos de reciclaje están estancados y la cantidad de basura sigue aumentando».