La Junta despide a 13 personas en Llano Alto

• «Despidos ilegales, injustificados e injustos», con la «excusa de la realización de obras integrales en el centro»

Tal y como informó BÉJAR EN EUROPA el pasado 11 de enero, la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte comunicó al Consejo de Gobierno la aprobación de 3.099.724 euros para obras de mejora de la envolvente y de instalaciones del complejo deportivo de Llano Alto. Una cuestión ya anunciada el 29 de julio de 2022 con declaraciones del consejero bejarano Gonzalo Santonja (Vox) durante su visita al centro. Es decir, que las actuaciones estaban previstas desde hace casi 2 años. Sin embargo, fue el pasado día 10 de abril cuando la Consejería de Cultura se reunió con miembros del Comité de Empresa para abrir negociaciones con el objetivo de realizar un despido colectivo de 13 personas trabajadoras del Albergue Juvenil de Llano Alto.

«La decisión de los despidos es una decisión política tomada por políticos de Béjar, de donde son el Consejero Gonzalo Santoja y el Director General de Deportes Enrique Sánchez Guijo, y de Salamanca, de donde es el Presidente de la Junta. Con esta decisión política se termina con el empleo de 13 personas en una localidad muy necesitada de empleo como es Béjar», aseguran desde el Comité de Empresa, calificando estos despidos de «ilegales, injustificados e injustos».

Los consideran «ilegales, ya que no cumplen con los requisitos para realizar un despido colectivo: No implica a más de 30 trabajadores ni al 10% de la empresa. Al despido colectivo le tendrá que dar el visto bueno la Consejería de Empleo, teniendo en cuenta que ambas consejerías están en manos de la ultraderecha, ésta no va a tener reparos para despedir a 13 personas y dejar a 13 familias sin sustento por una decisión arbitraria. Y todo ello bajo la connivencia del Partido Popular».

«Son injustificados e injustos» debido a que «no se da la situación de cierre definitivo de centro, ni se realiza una amortización de plazas». El Comité de Empresa ha propuesto medidas alternativas al despido, y la Consejería de Cultura «los ha descartado automáticamente sin siquiera valorar si eran viables. La supuesta negociación no ha sido tal, no ha existido predisposición para llegar a acuerdos».

Dentro de las propuestas presentadas están las «opciones de una movilidad geográfica, y la de un plan de ordenación de recursos humanos. En el primer caso, lo descartan por impedimento del convenio colectivo, pero es una opción que utilizan aleatoriamente según su conveniencia, y que actualmente están utilizando en aquellos centros que consideran que sea así, como es el caso de Ecyl, Educación, Medio Ambiente. Hay que tener en cuenta además que  la Junta de Castilla y León hará contrataciones de estas mismas categorías en otros centros a donde podría haber movido a las personas afectadas», explican. «La segunda propuesta se ha descartado argumentando que implica a pocos trabajadores y trabajadoras, cuando podría ser perfectamente viable».

Por otro lado, «se justifican por impedimento del convenio colectivo, pero desde que están previstas las obras, este comité de empresa considera que hubiera dado tiempo para incluir clausulas específicas para evitar los despidos. También se hubiera podido desarrollar un plan de recursos humanos con las especificidades adecuadas para evitar que 13 familias dejen de tener un sustento». Cabe recordar, como se ha expuesto anteriormente en esta crónica, que fueron anunciadas el 29 de julio de 2022 con declaraciones del consejero bejarano Gonzalo Santonja (Vox) durante su visita al centro.

Los trabajadores entienden que «la Consejería se ha valido de las obras, ya previstas hace tiempo, para despedir a finales de mes a 13 trabajadores y trabajadoras, y aún no se ha dignado a comunicárselo. Primero les pagará el finiquito, y posteriormente le comunicará su despido. Esta es su forma de actuar. Una forma de actuar llena de opacidad en las que los trabajadores». Además, «el cierre de centro también afecta a otros 8 trabajadores y trabajadoras a los que se le va a dar una movilidad geográfica para reubicarles en otros centros».

El comité considera que «la mala fe en la negociación ha sido plasmada en apurar los plazos para comunicar el qué se va a realizar con los trabajadores y trabajadoras, cuándo se realizará y cómo; y la postura inamovible, llegando a comunicar a la Autoridad Laboral el despido antes de la finalización de la negociación, teniendo en cuenta que las reuniones se iniciaron por insistencia del propio comité para conocer la situación del centro».