La Junta inicia los trámites para elaborar una nueva Ley Transparencia
El vicepresidente Francisco Igea, responsable de la consejería competente en materia de regeneración democrática y calidad política, ha expuesto este jueves en Consejo de Gobierno las principales características de este nuevo proyecto legislativo cuyos primeros pasos se dan hoy, con la apertura de la consulta pública previa que estará disponible hasta el lunes 18 de noviembre. El Gobierno autonómico considera que es preciso disponer de un nuevo marco normativo que dé respuesta a todas las acciones surgidas en el ámbito del ejercicio de acceso a la información pública, participación ciudadana y rendición de cuentas de la Administración de la Comunidad, así como su efectivo tratamiento y canalización.
Otro objetivo de la nueva norma es que el ámbito de aplicación se extienda a las Entidades Locales, a las Cortes de Castilla y León y a las instituciones propias de la Comunidad, que dependen de ella (Procurador del Común, Consejo de Cuentas, Consejo Económico y Social y Consejo Consultivo). Y de igual modo, las corporaciones de Derecho Público, las personas físicas y jurídicas que presten servicios públicos o ejerzan funciones administrativas, y los centros concertados, en especial en el ámbito de la educación, sanidad, deporte y servicios sociales.
Asimismo, la eliminación de trabas resulta esencial para que sea efectivo el derecho de acceso a la información pública que obra en poder de las Administraciones Públicas. Entre las finalidades de la nueva ley se prevé, de igual modo, que las obligaciones de publicidad activa que establezca la ley no será exclusivamente de mínimos, sino que resultará compatible con los compromisos o “pactos de transparencia” que adicionalmente adopte la Administración -publicación de alguna información relevante en el Portal de Transparencia o iniciativas que mejoren la transparencia en algún proceso-.
La reutilización de la información pública se impulsará mediante esta nueva ley, constituyéndose en motor del crecimiento económico merced a la explotación de los datos que se generan con la actividad y la gestión públicas ordinarias. En esta cuestión, las pretensiones están alineadas con las estipuladas en la Carta Internacional de Datos Abiertos, a la que la Junta de Castilla y León ya se ha adherido: datos abiertos por defecto; oportunos y exhaustivos; accesibles y utilizables; comparables e interoperables; para mejorar la gobernanza y la participación ciudadana; y para el desarrollo incluyente y la innovación. Entre los porqués de una nueva Ley también se halla la necesidad de establecer un régimen sancionador claro y conciso, ausente en la actual Ley 3/2015, de 4 de marzo, de Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y León.
