Martín (PP) firma decretos como alcalde cuando ya no lo era

• Podría considerarse como una presunta usurpación de atribuciones públicas, otra vez

En la política, perder el cargo debería ser el punto final de una etapa. Para el reprobado y cesado Luis Francisco Martín (PP), la destitución fue apenas un tropiezo burocrático que decidió ignorar. La noche del martes, ya habiendo sido apartado del cargo mediante una moción de censura, firmó un decreto como si nada hubiera pasado. Eran las 23:16 horas. Ya no era alcalde. Pero actuó como si lo fuera.

La gravedad del acto no es anecdótica. La firma de ese decreto podría ser considerada como una violación directa del Código Penal, concretamente de un ilícito contemplado en el artículo 402, que castiga la usurpación de atribuciones públicas con penas de hasta 3 años de prisión.

El que ilegítimamente ejerciere actos propios de una autoridad o funcionario público atribuyéndose carácter oficial, será castigado con la pena de prisión de uno a tres años.

Cabe recordar que Martín (PP) ya fue condenado a cárcel por usurpación de funciones públicas en Puente del Congosto y, con estos precedentes, este último hecho podría entenderse como la confirmación de una conducta política sistemáticamente al margen de la ley.

Fuentes jurídicas consultadas por BÉJAR EN EUROPA aseguran que, además de las consecuencias penales, a nivel administrativo, el decreto en cuestión carece de validez legal. Es nulo de pleno derecho. No existe jurídicamente. Pero eso no significa que no pueda tener consecuencias. Si el acto administrativo genera perjuicios —económicos, legales o materiales—, el exalcalde podría enfrentar incluso una reclamación de responsabilidad patrimonial.

Ahora, el caso está en manos de los servicios jurídicos del Ayuntamiento y, previsiblemente, del Ministerio Fiscal. La justicia deberá decidir. Pero el daño —a la institución, a la credibilidad democrática, a la ciudad— ya está hecho.