Otra más de Martín (PP): Uso irregular de mobiliario patrimonial en Béjar
- Repintado, modificado y reubicado sin que haya constancia de una autorización oficial de Patrimonio ni informe técnico que lo avale
A pocos días para celebrarse la moción de censura, la polémica vuelve a rodear al reprobado alcalde de Béjar, Luis Francisco Martín (PP). Esta vez, tras conocerse la retirada y reutilización de mobiliario perteneciente al conjunto patrimonial del Jardín Renacentista de El Bosque, declarado Bien de Interés Cultural (BIC). Los elementos, adquiridos con fondos del programa europeo INTERREG, han sido trasladados sin justificación pública conocida y recolocados en una dependencia municipal cuya gestión ha sido concedida a una empresa privada.
Los socialistas bejaranos que acusan al equipo de Gobierno PP-Vox de «gestión opaca y negligente» y advierten de un posible incumplimiento de la normativa que regula la protección de bienes culturales, así como del uso de subvenciones europeas finalistas.
El mobiliario —cuyo valor patrimonial no reside únicamente en su función, sino en su integración con el entorno histórico para el que fue diseñado— ha sido repintado, modificado y reubicado sin que exista constancia de una autorización oficial por parte de Patrimonio ni informe técnico que lo avale. Desde la oposición se señala que el traslado y alteración de estos elementos vulnera el espíritu del programa INTERREG, y podría constituir una infracción administrativa grave.
«Esto no va de bancos o farolas. Es una cuestión de respeto al patrimonio público y de cumplimiento de los compromisos adquiridos con la Unión Europea, que financió esos elementos para un fin concreto y un lugar determinado», aseguran.
La actuación del Ayuntamiento reabre el debate sobre la gestión del conjunto histórico de El Bosque, una de las joyas paisajísticas del renacimiento español, cuya conservación ha sido objeto de múltiples controversias en los últimos años.
De confirmarse la ausencia de informes técnicos o autorizaciones previas, el uso alternativo de este mobiliario podría acarrear consecuencias legales para el Ayuntamiento, incluida la devolución de fondos europeos o sanciones por mal uso del patrimonio protegido.
Desde la oposición se exige la inmediata restitución de los bienes a su ubicación original y la apertura de una investigación interna que determine si se ha incurrido en responsabilidad administrativa o patrimonial. También se baraja elevar el caso a instancias regionales o nacionales, como la Consejería de Cultura o el Tribunal de Cuentas.
