Editorial 532 | Salamanca, fuera del mapa
- La provincia se queda sin voz propia en el Consejo de Gobierno
Hay ausencias que hablan más alto que muchas presencias. La composición del nuevo Gobierno de Castilla y León ha dejado una de esas imágenes difíciles de ignorar. Salamanca no tendrá ni un solo consejero en la Junta. Ni uno. Ninguna voz propia sentada en la mesa donde se reparten prioridades, inversiones, estrategias y decisiones que afectan al presente y al futuro de la Comunidad.
No se trata de una cuestión de orgullo provincial ni de una competición de cuotas territoriales. La política, al menos la buena política, no debería medirse por el código postal de quienes ocupan los cargos. Sin embargo, la realidad demuestra una y otra vez que la influencia también se construye desde la cercanía a los centros de decisión. Estar importa. Tener interlocutores directos importa. Disponer de responsables políticos con conocimiento de los problemas de un territorio importa.
Por eso resulta inevitable preguntarse qué lectura debe hacer Salamanca de un Ejecutivo autonómico en el que no figura ningún representante de la provincia. Más aún cuando el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha desarrollado buena parte de su carrera política bajo la bandera salmantina. La paradoja resulta difícil de pasar por alto. Nunca un presidente tan identificado con Salamanca había encabezado un Gobierno autonómico en el que la provincia quedara tan al margen de las consejerías.
La coincidencia temporal añade una carga simbólica imposible de ignorar. Mientras en Valladolid se reparten responsabilidades y sillones, Salamanca vuelve a mirar hacia la calle para reclamar algo mucho más elemental. Esta misma mañana, la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública ha convocado una manifestación en la capital para denunciar las carencias de un sistema sanitario sometido desde hace años a una erosión constante.
No es casualidad. Las protestas por la sanidad se han convertido en una especie de banda sonora permanente de la provincia. Faltan médicos en numerosos consultorios. Las dificultades para cubrir plazas se cronifican. Los vecinos de amplias zonas rurales observan cómo los servicios se alejan poco a poco. La sensación de abandono crece a medida que aumentan las promesas y disminuyen las respuestas.
Salamanca lleva demasiado tiempo acostumbrándose a perder. Pierde población. Pierde oportunidades. Pierde trenes. Pierde servicios. Y ahora también pierde presencia en el máximo órgano de gobierno de la Comunidad. Cada episodio puede parecer aislado. Juntos forman un relato preocupante.
Tal vez el problema no sea únicamente la ausencia de un consejero salmantino. Tal vez el verdadero problema sea la percepción cada vez más extendida de que la provincia ocupa un lugar secundario en demasiadas agendas políticas. Una sensación alimentada por hechos concretos, por proyectos eternamente pendientes y por reivindicaciones que pasan los años sin encontrar solución.
La manifestación de este domingo nace precisamente de esa mezcla de cansancio y reivindicación. De la convicción de que los derechos no se conservan por inercia y de que el silencio suele resultar cómodo para quienes gobiernan. La defensa de la sanidad pública trasciende cualquier sigla. Habla de igualdad, de cohesión territorial y de dignidad. También de la capacidad de una provincia para hacerse escuchar cuando percibe que su voz pierde fuerza en los despachos.
La Junta inicia una nueva legislatura. Salamanca, en cambio, arranca este periodo con una pregunta incómoda. Si no tiene asiento en la mesa del Consejo de Gobierno, ¿quién defenderá sus intereses cuando llegue el momento de decidir? Porque en política las ausencias rara vez son neutrales. Y algunas terminan pagándose muy caras.
