El CRMF de Salamanca afronta su posible cierre a finales de 2026
- La incertidumbre afecta a medio centenar de trabajadores y a los usuarios del centro
El futuro del Centro de Recuperación de Personas con Discapacidad Física de Salamanca (CRMF) continúa pendiente de una decisión sobre su gestión. El IMSERSO ha fijado el 18 de diciembre de 2026 como fecha de clausura, mientras sigue sin confirmarse el posible traspaso del centro y su plantilla a la Junta de Castilla y León.
La situación afecta tanto a los usuarios del centro como a alrededor de medio centenar de trabajadores, cuya continuidad en Salamanca permanece vinculada al desenlace de las negociaciones entre las administraciones.
El posible cierre se conoció en los últimos meses después de que el secretario del IMSERSO, Antonio Balbontín, señalara que el centro dejaría de estar bajo la gestión estatal el próximo diciembre y apuntara a un posible traspaso a la Junta a partir del 1 de enero de 2027.
Sin embargo, según denuncia Unión del Pueblo Leonés (UPL), todavía no existe confirmación sobre la transferencia. Tampoco se ha concretado si la Junta aceptará asumir la gestión del CRMF, una situación que, a juicio de la formación leonesista, mantiene en la incertidumbre el futuro de los servicios y de los trabajadores.
UPL ha registrado una batería de preguntas en las Cortes de Castilla y León para conocer en qué punto se encuentra la negociación y si el Gobierno autonómico tiene previsto aceptar el traspaso planteado por el IMSERSO. También pregunta si existe alguna posibilidad de que el organismo estatal mantenga la gestión del centro en caso de no alcanzarse un acuerdo con la Junta.
La formación reclama además garantías para los trabajadores si finalmente se produce la transferencia. Entre sus peticiones figura que mantengan sus puestos de trabajo en Salamanca y sus actuales condiciones laborales.
La continuidad de la atención a los usuarios constituye otra de las cuestiones planteadas. UPL pide que cualquier cambio administrativo permita mantener en Salamanca los tratamientos, programas, servicios y procesos de rehabilitación que actualmente presta el CRMF.
El escenario alternativo también genera interrogantes. En caso de que la Junta no asuma el centro y el IMSERSO ejecute su cierre en diciembre, UPL reclama que se establezca una solución para los trabajadores y usuarios. En el primer caso, plantea garantizar empleo en Salamanca y las condiciones laborales; para los usuarios, reclama una alternativa que permita mantener la atención especializada en la ciudad.
Con la fecha de cierre situada a menos de cuatro meses vista, el principal interrogante continúa siendo quién gestionará el CRMF a partir de enero de 2027 y qué ocurrirá con sus trabajadores y usuarios.
