Afectados por el concurso de Gecobesa se plantean iniciar acciones penales contra Alejo Riñones

• «La reclamación se efectuará antes de que puedan prescribir los presuntos delitos de prevaricación»

Según ha dado conocer CxByC, brazo político de Gecobesa (anterior gestora de la estación de esquí Sierra de Béjar – La Covatilla), «varios afectados por el concurso de acreedores de Gecobesa (expoliados, según unos, o despojados ilegítimamente según otros) han iniciado conversaciones con expertos en derecho penal y concursal con el objeto de entablar las acciones judiciales que correspondan, tras la anulación, por sentencia firme, del Decreto firmado por Alejo Riñones que motivó el concurso y la posterior liquidación de la sociedad».

Tal y como ya publicó BÉJAR EN EUROPA el pasado 3 de julio, el Juzgado Contencioso/Administrativo nº 1 de Salamanca sentenció, con fecha del 28 de junio de 2019, que la resolución del Ayuntamiento de Béjar por la que autoliquidaba el contrato suscrito con Gecobesa en 2015, bajo el gobierno del PP, «no es conforme a derecho», Posteriormente, el Pleno se vio obligado a aprobar por unanimidad iniciar un expediente administrativo llevando a cabo las actuaciones necesarias para la ejecución del fallo y designar como instructor al concejal José Luis Rodríguez Celador. Se tratará una liquidación «de forma contradictoria» tras la valoración de los bienes del anterior contratista que pasaron a propiedad del consistorio bejarano.

Desde CxByC aseguran que, «tras ser anulada por sentencia judicial, con condena en costas para el Ayuntamiento de Béjar, la liquidación de 618.000 euros, que en 2012 condujo a Gecobesa al concurso, se plantearán las posibles responsabilidades penales del, por entonces, concejal delegado de Hacienda, Raúl Hernández, que ordenó las liquidaciones, mediante providencia de fecha 6 de febrero de 2012 y del alcalde, Alejo Riñones, que firmó el Decreto, con fecha de 15 de marzo del mismo año, haciéndolas ejecutivas».

Para CxByC, «de ser conforme la opinión de los letrados consultados se exigirá responsabilidad patrimonial a ambos, además de penal con carácter especial en su condición de cargos públicos, una vez acreditada la injusticia e improcedencia de reclamar dicha cantidad, con el consiguiente perjuicio causado, que deberá ser indemnizado. No sólo por la inversión perdida por Gecobesa, superior a los 17 millones de euros, sino también por el lucro cesante producido».

Finalizan informando que «la reclamación se efectuará, presumiblemente en breve, por la vía penal, antes de que puedan prescribir los presuntos delitos de prevaricación, con lo que, posteriormente, se abriría el procedimiento de reclamación civil comentado».