AUDIOS | El PSOE lamenta “el desgobierno” y “la ausencia de liderazgo” de la Junta frente al COVID

• Recuerdan la falta de consenso del gobierno regional de PP y Ciudadanos con todos los sectores

La secretaria de Organización del PSOECyL, Ana Sánchez, lamentó hoy “el desgobierno” y “la ausencia total de liderazgo” en la Junta de Castilla y León en la toma de decisiones para hacer frente a la pandemia provocada por el coronavirus.

De esta forma se ha manifestado Sánchez en una rueda de prensa ofrecida junto con el portavoz de Turismo del Grupo Parlamentario Socialista, Ángel Hernández, donde lamentó la falta de consenso y de criterios uniformes en el establecimiento de medidas. Los criterios, recordó, que servían hace una semana para cerrar la hostelería, los centros comerciales o los gimnasios en unas provincias, ya no valen hoy.

“El año empieza como terminó, con un absoluta falta de liderazgo al frente del Gobierno”, ha afirmado Sánchez, para añadir que en la Junta de Castilla y León impera “el desgobierno” ante la ausencia de liderazgo de quien se dice presidente y donde se ha impuesto el estilo desquiciado, sin orden ni concierto, del vicepresidente, Francisco Igea. La toma de decisiones, continuó, se lleva a cabo “al más puro estilo Mañueco, o lo que es lo mismo, una cosa y la contraria”.

Para el PSOE lo prioritario ha sido siempre la salud, apuntan los socialistas, al tiempo de mostrar su preocupación por la “pésima” evolución de la pandemia consecuencia de “la errática toma de decisiones de la Junta” que genera “incertidumbre, desconcierto y angustia” entre los sectores afectados y entre la población en general. En este sentido, la secretaria de organización del PSOE autonómico ha recordado que quien habló de “salvar la Navidad” fue el presidente de la Junta Alfonso Fernández Mañueco.

Para el PSOE, sostuvo Ana Sánchez, la prioridad es la salud y siempre apoyará medidas que vayan acompañadas de las ayudas “urgentes” que por parte de la Junta todavía no han llegado a los sectores afectados. Al respecto, recordó que las ayudas que han recibido los hosteleros han correspondido en un 57 por ciento al Gobierno de España, un 37 por ciento a los ayuntamientos y solo un cinco por ciento a la Junta y al gobierno regional de PP y Ciudadanos. Un sector del que viven 120.000 familias en la Comunidad.

“Es el ‘modus operandi’ en la toma de decisiones”, aclaró Sánchez, quien aseguró que “no hay ni un solo colectivo del lado de la Junta”. En esta línea ha acusado al Ejecutivo regional de, lejos de generar estabilidad en un momento muy grave, “sigue abriendo frentes”. Por si había roto pocos consensos, ha dicho, “ayer cargó una vez más contra el Diálogo Social que era una de las cosas bandera, estrella y signo de referencia del buen hacer de Castilla y León”.

“No pierden ocasión de atacar a los representantes de los empresarios y trabajadores. No solo no dan ayudas, sino que incumplen acuerdos firmados”, subrayó, para añadir que ayer lo que rompieron Mañueco e Igea es el último acuerdo firmado por Juan Vicente Herrera. “Igea y Mañueco de continuo presentan una enmienda a la totalidad a la gestión de Herrera”. Además, lamentó que no se hable con los sectores afectados como sí ha hecho el PSOE. “No se trata de mantener la sillita, sino de que Castilla y León tenga esperanza de vida y para ello hacemos falta todos. Las decisiones no se pueden seguir tomando de forma unilateral por parte de un vicepresidente, cuyo desquiciamiento político es una obviedad, dentro y fuera de su partido, y de Castilla y León”.

Por eso, el PSOE seguirá trabajando en la defensa de los sectores afectados. Así, según explicó Ángel Hernández, portavoz de los socialistas en materia de Turismo, los socialistas han registrado en las enmiendas a los presupuestos de la Comunidad un plan de choque para la hostelería, comercio, centros deportivos y sector cultural por importe de 75 millones de euros.

Hernández acusó a la Junta de repetir los errores y, una vez más, tomar decisiones de cierre sin hablar con los afectados. “No se puede seguir manteniendo esta línea de imponer criterios, sin consultar, ni dialogar con los afectados”, concluyó.