Aval jurídico de la Diputación de Salamanca a la moción de censura en Béjar
- Martín (PP) realizó la consulta a pesar de un informe del propio secretario municipal certificando la legitimidad
Tal y como ya ha informado BÉJAR EN EUROPA, la sala capitular del consistorio acogerá un pleno extraordinario decisivo tras la presentación de una moción de censura contra el reprobado alcalde de Béjar, Luis Francisco Martín (PP). Un proceso que ha sido respaldado por un informe jurídico emitido por el Servicio de Asistencia a Municipios de la Diputación de Salamanca, validando su legalidad a la luz de una reciente sentencia del Tribunal Constitucional (TC).
Según ha podido conocer este digital, la moción fue registrada tras la firma de los ediles ante el Secretario municipal, quien dio fe de su legitimidad y del cumplimiento de la mayoría absoluta exigida por la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) de manera contundente:
En consecuencia, la mayoría para la presentación de una moción de censura desde esta fecha incluida (14/07/25 ), es la absoluta del número legal de miembros de la Corporación Local sin distinciones o limitaciones de ninguna clase, recogida en el primer párrafo o inciso que se contiene en el repetido artículo 197. 1 a), anterior a la Ley Orgánica 2/2011, de 28 de mayo y no afectado por la inconstitucionalidad y nulidad de otros partes del precepto.
Sin embargo, el alcalde solicitó una consulta jurídica alegando dudas sobre la aplicabilidad de la sentencia del TC que declara inconstitucional y nulo el párrafo segundo de ese mismo artículo, en su versión de 2011.
El informe jurídico provincial concluye que, desde la publicación de la sentencia, esa mayoría reforzada ya no es exigible. Por tanto, la moción registrada en Béjar, al contar con diez firmas en una corporación de diecisiete miembros, cumple con los requisitos legales vigentes.
Este será uno de los primeros casos a nivel nacional en los que se aplica directamente el nuevo criterio del Tribunal Constitucional, marcando un hito en la interpretación de la legalidad de las mociones de censura en la política local.
