Béjar: Con cámaras sin carácter sancionador y policía local sin recursos
- Más de 18.100 euros para unos dispositivos que no multará a los infractores
El Ayuntamiento de Béjar ha presentado recientemente la instalación de 12 cámaras de control de tráfico en 6 puntos del municipio. Sin embargo, lejos de suponer una mejora clara en la gestión de la seguridad, la iniciativa ha generado críticas por su falta de utilidad práctica y por coincidir con la delegación de competencias sancionadoras en tráfico a la Jefatura Provincial de Salamanca, tal y como ya informó BÉJAR EN EUROPA y confirmó el reprobado alcalde, Luis Francisco Martín (PP), durante el pasado pleno correspondiente a julio de 2025.
Cámaras que no multan
Las cámaras han sido instaladas en lugares estratégicos, como el entorno del Cuartel de la Guardia Civil, el Ayuntamiento, la Plaza de España o la salida hacia Candelario. Según el jefe de la Policía Local, estos dispositivos no tienen carácter sancionador, sino que únicamente leen matrículas para tareas de seguimiento y vigilancia.
El coste total del sistema asciende a 14.970 euros más IVA. Pese a la inversión, no se multará a los infractores, lo que ha generado dudas sobre la efectividad del sistema en una localidad donde el tráfico no presenta problemas graves.
En resumen, Béjar cuenta ahora con un sistema de cámaras que no puede sancionar infracciones y con una Policía Local sin medios suficientes, mientras se pierde el control total sobre las multas de tráfico.
Falta de agentes y cesión de competencias
Tal y como ya informó BÉJAR EN EUROPA, el alcalde ha firmado un decreto que cede a la Jefatura Provincial de Tráfico la competencia sancionadora en materia de tráfico dentro del municipio, una decisión que entra en vigor de forma inmediata. Esto implica que la Guardia Civil de Tráfico podrá multar directamente en el casco urbano, algo que hasta ahora correspondía a los agentes municipales.
El propio Ayuntamiento justifica esta cesión por la «coyuntura del Cuerpo de Policía Local, con un número mínimo de efectivos», que impide a los agentes desempeñar todas sus funciones, incluida la tramitación de denuncias.
