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Cámara (PSOE) destaca el peso de las pensiones en Salamanca, con 109 millones de euros al mes

  • Defiende las revalorizaciones y repasa las nuevas medidas de protección social aprobadas por el Gobierno

Las pensiones movilizan 109 millones de euros al mes en Salamanca, una cantidad que refleja su peso en los ingresos de miles de hogares y en la actividad económica de la provincia. El alcalde de Béjar y número tres de las listas del PSOE salmantino al Congreso de los Diputados, Antonio Cámara, ha destacado la repercusión de estas prestaciones en el comercio y los servicios de los municipios rurales, donde los ingresos de las personas mayores contribuyen a mantener negocios y frenar la pérdida de actividad.

Antonio Cámara, alcalde de Béjar y número tres de las listas del PSOE salmantino al Congreso de los Diputados

Durante una comparecencia junto a la también candidata socialista Carmen Ávila, Cámara ha defendido las revalorizaciones de las pensiones aplicadas durante los gobiernos de Pedro Sánchez. Según las cifras aportadas por el PSOE, la pensión media ha pasado de 846 a 1.294 euros. El candidato ha vinculado esta evolución a la mejora de los ingresos de los pensionistas y ha reclamado continuidad en las subidas para garantizar su poder adquisitivo.

La defensa de las pensiones ha ido acompañada de críticas al PP y a Vox por su voto inicial contra la revalorización de estas prestaciones en una votación celebrada este año. Los socialistas sostienen que ese episodio evidencia la importancia de garantizar por ley la actualización de las pensiones.

La reforma también amplía el acceso a las pensiones de viudedad para determinadas parejas de hecho que carezcan de un certificado oficial de inscripción. La nueva regulación contempla el reconocimiento de la prestación cuando existan hijos comunes y pueda acreditarse una convivencia de al menos dos años, siempre que se cumplan los requisitos legales.

Otra de las medidas destacadas afecta a los menores cuya madre haya sido asesinada por violencia machista. La reforma eleva la protección mínima de sus pensiones de orfandad tomando como referencia el doble del salario mínimo interprofesional. La mejora alcanza también a las pensiones mínimas de orfandad vinculadas a víctimas del terrorismo.

Por su parte, Carmen Ávila ha repasado otras medidas aprobadas por el Consejo de Ministros, dirigidas a familias con menores a cargo, trabajadores afectados por enfermedades graves y personas en situación de vulnerabilidad. Entre ellas figura el aumento de la cuantía del Fondo de Garantía del Pago de Alimentos, cuyo anticipo máximo pasa de 100 a 300 euros mensuales cuando se producen impagos de pensiones alimenticias. La cobertura se prolongará, además, hasta la extinción de la obligación de pago, frente al límite anterior de 18 meses.

La reforma introduce cambios para las familias que cuidan de menores con cáncer u otras enfermedades graves. Ambos progenitores podrán percibir la prestación de forma alternativa o simultánea, mientras que la protección podrá prolongarse más allá de los 26 años en casos de dependencia de grado III o discapacidad igual o superior al 65%.

También se amplía la cobertura de las trabajadoras con determinadas patologías incapacitantes relacionadas con la menstruación o la menopausia. Para las víctimas de violencia de género cuyas lesiones les impidan trabajar, la prestación por incapacidad temporal se reconocerá desde el día siguiente a la baja médica, sin exigir un periodo mínimo previo de cotización. La cuantía será del 60% de la base reguladora hasta el día 20 y del 75 % a partir del día 21.

Las nuevas disposiciones incluyen asimismo una protección específica para las personas afectadas por catástrofes, al equiparar su incapacidad temporal a la derivada de un accidente de trabajo.

El PSOE salmantino defiende estas medidas como parte de una política pública destinada a garantizar ingresos y derechos a los colectivos más vulnerables. En una provincia donde las pensiones tienen un peso relevante en la economía de los pueblos, Cámara ha insistido en que su efecto trasciende a los beneficiarios directos y alcanza al comercio, los servicios y el mantenimiento de la actividad en el medio rural.

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