Continúa el proceso para renovar hasta octubre de 2028 la autorización de funcionamiento de Almaraz

Ante el reciente traslado de la documentación del Consejo de Seguridad Nuclear al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico sobre Almaraz, el Movimiento Ibérico Antinuclear (MIA) muestra su rechazo a la continuidad del proceso de renovación de la autorización de funcionamiento de esta central nuclear para operar hasta octubre de 2028.

La plataforma considera que, «con el apoyo a los planes financieros de las propietarias de la central, Iberdrola, Endesa y Naturgy, se sigue hurtando el debate ciudadano y social sobre el riesgo nuclear. Aunque era previsible, resulta frustrante recibir la noticia de la autorización del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) sobre la prolongación del funcionamiento de las centrales nucleares que operan en Almaraz sin haberse producido ningún debate sobre la continuidad del envejecido parque nuclear ni tampoco el fin del proceso de participación del PNIEC. A la espera de la decisión definitiva al respecto, es una responsabilidad del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico».

«Sin embargo, parece que el ministerio agilizará los trámites debido a la cercana caducidad del permiso actualmente vigente, cediendo ante las presiones económicas de las empresas del sector. Se continúa así el largo historial de apoyos a esta tecnologías que han proporcionado enormes beneficios a las empresas propietarias. A su vez, siguen sin aportar fondos suficientes para la gestión de unos residuos nucleares que estas empresas han generado. Residuos cuya actividad radiactiva se mantiene por cientos de miles de años, sin que a día de hoy exista una solución definitiva para su confinamiento seguro», aseguran.

Para el colectivo ecologista, «en el caso de Almaraz es todavía más preocupante la situación porque se trata de la central nuclear más obsoleta de España y, por tanto, la más peligrosa, como demuestran los numerosos incidentes y accidentes que arrastra en los últimos años. Unos incidentes que se minimizan con el falso argumento sobre los puestos de trabajo. Unas promesas que ignoran tanto el inevitable cierre nuclear como las oportunidades de empleo ligadas al desmantelamiento. Un balance económico cuestionable, como indicó incluso la agencia Goldman Sachs, que aconsejó vender la acciones de Endesa y Naturgy (dos de las propietarias de Almaraz I y II) al prever “el aumento en los incumplimientos de pago por parte de los clientes, así como el desempleo, lo que podría traducirse en pérdidas de en torno a 8.000 millones de euros anuales tanto en 2020 como en 2021”».

Desde el Movimiento Ibérico Antinuclear se indica que, «esta prolongación de la vida de diseño es un enorme riesgo que puede salir demasiado caro. Por ello, exige que al menos se imponga el pleno cumplimiento de las medidas de seguridad indicadas en el informe que el CSN acaba de enviar al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y de las comunicadas anteriormente, antes de continuar con la renovación de la autorización de explotación de la central, así como establecer mayores garantías, incluidas las financieras, para que las empresas propietarias sean responsables civil, penal y patrimonialmente de cualquier accidente, negligencia u omisión de las comunicaciones en materia de seguridad nuclear y de la gestión de los residuos nucleares».

Es por eso que, concluye el MIA, «es necesario cerrar Almaraz y todas las demás».