CxByC recuerda la cantidad de reclamaciones judiciales aún pendientes por la gestión de Riñones (PP)

• «La actual corporación municipal tendrá que hacerse cargo de todos estos `marrones´ y el bolsillo común de los bejaranos de su coste económico»

Tal y como publicó BÉJAR EN EUROPA, el Ayuntamiento de Béjar tendrá que hacer frente a un nuevo varapalo judicial derivado de la anterior gestión encabezada por Alejo Riñones (PP).

Al hilo de esto, el partido CxByC ha emitido un extenso y contundente, recordando que están pendientes de aclarar las responsabilidades «por una presunta prevaricación en relación a los informes de seguimiento del Plan de Vigilancia Ambiental en La Covatilla», así como pendiente de ratificar por parte  del Superior de Justicia de Castilla y León, una sentencia «que ganó Valdepalacios (Olivillas) y que condenó al Ayuntamiento a pagar otros 123.000 euros más intereses. Igualmente, está pendiente de solución la reclamación patrimonial de más de 8 millones de euros por parte de antiguos socios de Gecobesa, que derivará en querella penal, y la indemnización derivada de la liquidación de la sociedad concesionaria, cuyos bienes han pasado a manos del ayuntamiento».

Comunicado íntegro:

Como se ha publicado, el Ayuntamiento de Béjar ha vuelto a perder un pleito derivado de la nefasta gestión de Alejo Riñones. El coste económico para las arcas públicas será de más de 80.000 euros. Una vez más, la condena en costas, tanto en primera instancia como en apelación, ratifica que quien había demandado tenía toda la razón.
En este caso, un ciudadano al que se le derribó la casa por efecto de unas obras municipales en los edificios contiguos (que se llevarían a cabo sin ninguna medida de seguridad para que sea más barato, sello de Alejo) que ha tenido que esperar trece años para ver reconocido su derecho a ser resarcido por el daño causado. A partir de la sentencia del TSJ de Castilla y León, se puede comprobar la miserable categoría de quien pretende eludir su responsabilidad alegando, como principal fundamento, la prescripción de los hechos, pasándose por el arco del triunfo los derechos de quien ha sido perjudicado. Tras conocerse la noticia, Alejo Riñones se escuda en una valoración de los técnicos municipales que ha sido rotundamente invalidada, ante el dictamen del Consejo Consultivo y la valoración oficial, en la sentencia que señala textualmente: “no puede aceptarse la valoración indicada en el informe del Arquitecto municipal de 17.752,06 € obrante en el expediente”.
En su defensa autoinculpante, al utilizar argumentos invalidados judicialmente, Alejo llega a decir que actuó para no incurrir en prevaricación, como si no pudiera serlo mantener una postura contraria a los referentes oficiales; puesto que, en esencia, prevaricar es tomar decisiones a sabiendas de que son injustas o de manera arbitraria.
No sólo eso, sino que también se ha ocasionado un importante quebranto a las arcas municipales, después de haber roto un pacto que habría solucionado el problema con satisfacción y coste moderado para ambas partes, iniciándose un largo proceso judicial que ha devenido en pago de indemnización, intereses de demora, minutas de abogado y costas judiciales. Llama la atención que volvamos a encontrarnos con el mismo letrado que ha defendido las numerosas causas perdidas por Alejo, tanto a nivel particular como en su condición de alcalde. A excepción de la que anuló el  PERI Z2 de la calle Olivillas, donde, invirtiéndose los papeles, el abogado oficial y particular de Alejo actuaba como demandante, pero el Ayuntamiento de Béjar no compareció. ¿No había que defender entonces los intereses de los bejaranos frente a los de un particular, aunque sea amigo? ¿No podría ser esta actitud motivo de presunta prevaricación a partir de las razones esgrimidas por Alejo Riñones?
Recordamos, al hilo de esta nueva cuestión, que están pendientes de aclarar las responsabilidades que corresponden tras las recientes resoluciones del Procurador del Común y del Comisionado de Transparencia de Castilla y León, con derivación de expediente a la Consejería de Medio Ambiente y posible sanción para el consistorio bejarano, ante la gestión de Alejo Riñones como alcalde, gestor y director de La Covatilla. También pendiente de notificar y ratificar sentencia del Superior de Justicia de Castilla y León, que ganó Valdepalacios (Olivillas) y que condenó al Ayuntamiento a pagar otros 123.000€ más intereses.  Igualmente, está pendiente de solución la reclamación patrimonial de más de ocho millones de euros por parte de antiguos socios de Gecobesa, que derivará en querella penal, y la indemnización derivada de la liquidación de la sociedad concesionaria, cuyos bienes han pasado a manos del ayuntamiento.
La actual corporación municipal, tendrá que hacerse cargo de todos estos `marrones´ y el bolsillo común de los bejaranos de su coste económico. Mientras tanto, Alejo, tras dejar una ciudad despoblada, descarrilada y sin proyecto; todavía se atreve a convocar a la prensa para criticar la gestión del actual gobierno municipal, en vez de responder por los graves asuntos que le incumben y responsabilizan de manera directa. ¿A qué esperan el resto de partidos para exigir explicaciones? Nosotros las demandamos, una vez más, con este escrito.