El MITMA y la Junta de Castilla y León impulsan la construcción 327 viviendas destinadas al alquiler social

• Han firmado tres acuerdos con una aportación ministerial de 14.102.600 euros

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez; el secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, David Lucas, y el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, han firmado tres acuerdos para la promoción pública de 327 viviendas de protección pública energéticamente eficientes para alquiler social, con una aportación por parte del Mitma de 14.102.600 euros.

El primer acuerdo, que cuenta también con la firma del alcalde de Salamanca, Carlos Manuel García, recoge ayudas para la promoción de 103 viviendas en dos actuaciones en dicho municipio, que ejecutará en régimen de promoción pública el Patronato Municipal de Vivienda y Urbanismo de Salamanca, con una aportación por parte del Mitma de 4.242.727,30 euros, y una inversión total estimada de 11 millones de euros.

El segundo acuerdo, que también ha sido rubricado por el alcalde accidental y concejal de Valladolid, Manuel Saravia, reúne ayudas para la promoción de 36 viviendas en una única actuación, que ejecutará en régimen de promoción pública el Ayuntamiento de Valladolid, con una aportación por parte del Mitma de 1.547.483 euros y una inversión total estimada de 10,6 millones de euros.

El tercer acuerdo contiene ayudas para una promoción de 30 viviendas en Miranda de Ebro y otra de 158 viviendas en Valladolid, en ambos casos dirigidas al alquiler social principalmente para jóvenes, desarrolladas en régimen de promoción pública por la propia comunidad autónoma a través de SOMACYL, con una aportación por parte del Mitma de 8.312.389,70 euros, y una inversión total estimada de 16,8 millones de euros

La aportación del Mitma se financia con el Programa de ayuda a la construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes, del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. A través de éste se pretende financiar el incremento del parque público de viviendas energéticamente eficientes destinadas al alquiler social o a precio asequible, mediante la promoción de viviendas de nueva construcción sobre terrenos de titularidad pública, que incrementen el parque público de vivienda asequible durante un período mínimo de 50 años, con un consumo de energía primaria no renovable inferior en un 20% como mínimo a los requisitos exigidos en el Código Técnico de Edificación.

Para este programa, dotado con 1.000 millones de euros, el Mitma ha trasferido ya a la Comunidad Autónoma de Castilla y León 27.205.000 €, estando prevista una transferencia adicional del mismo importe en el año 2023. La ayuda que se aporta es de hasta 700 € por metro cuadrado de superficie útil de vivienda con un máximo de 50.000 € por vivienda.

A fecha 20 de diciembre de 2022 ya se firmó un acuerdo con la Comunidad Autónoma de Castilla y León en el ámbito de este programa, para la financiación de 914 viviendas destinadas al alquiler social, desarrolladas por SOMACYL en régimen de promoción pública, con una aportación por parte del Mitma de 40.307.400 euros.

Derecho constitucional a la vivienda

En su intervención, Raquel Sánchez ha recordado la importancia de ampliar el parque de vivienda pública y mejorar habitabilidad y sostenibilidad del ya existente para contribuir así a garantizar el derecho constitucional a la vivienda. “Durante demasiado tiempo se ha mirado hacia otro lado. Se ha evitado enfocar la vivienda bajo el prisma de los derechos humanos. Y eso ha provocado que el concepto de vivienda como derecho fuera sustituido por el de vivienda como bien especulativo”, ha asegurado.

En este sentido, ha aprovechado para destacar la necesidad de tener una Ley de Vivienda llamada a ayudar a consagrar el derecho a la vivienda, proteger la vivienda pública existente, aumentar la oferta de pisos en alquiler a precios reducidos y controlar las rentas en las zonas más tensionadas. Todo ello dentro de un Plan Estatal de Vivienda que nace con la intención de atender las necesidades más urgentes y que “incluye ayudas al alquiler habitual a ciudadanos con escasos recursos, a víctimas de violencia de género, a afectados por desahucios; a personas sin hogar; a otras especialmente vulnerables; y, por supuesto, a los jóvenes”, ha apuntado.

Todas estas iniciativas se suman al objetivo del Gobierno para facilitar el acceso a una vivienda digna y accesible. “Hemos querido proteger y ampliar la vivienda pública, el gran agujero negro de nuestro mercado inmobiliario. El parque de vivienda social en alquiler en España ofrecía cobertura únicamente al 1,6% de los hogares frente a las tasas del 15% que exhiben algunos países de nuestro entorno”, ha explicado Raquel Sánchez durante su intervención. “Para remediar esta carencia lanzamos el Plan de Vivienda para el Alquiler Asequible con el que vamos a construir alrededor de 100.000 viviendas”, ha concluido.