«Iglesias lleva más de dos millones de euros despilfarrados, que se sepa y como poco, al frente de la Diputación»

• Los socialistas califican la situación de «insostenible» con «un presidente imputado por financiación ilegal de su partido»

Los socialistas salmantinos denuncian públicamente la situación política en la Diputación de Salamanca que califican de «insostenible», con «un presidente, Javier Iglesias, imputado por financiación ilegal de su partido, que dejó de encabezar el PP salmantino por incapacidad tras verse acusado por los afiliados de vulnerar sus derechos fundamentales», y donde una jueza tuvo que poner fecha a la convocatoria de su congreso ordinario, un presidente provincial que sigue al frente de un grupo de diputados, el de los populares, «donde unos diputados no se hablan con los otros», y de una institución provincial donde, «por culpa de su gestión, se llevan despilfarrados más de dos millones de euros, que se sepa, comprobados y como poco, dinero público malgastado que no ha ido en beneficio de la provincia y de de los salmantinos».

El secretario de política institucional en la dirección de los socialistas salmantinos, Fran Díaz, junto al portavoz del PSOE en la Diputación, Fernando Rubio y el diputado provincial, Manuel Ambrosio Sánchez, han valorado de esta manera la sentencia emitida por parte del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, y en la que se condena a la institución provincial al pago de 500.000 euros por la concesión y adjudicación irregular del contrato de seguridad y vigilancia, además de la anulación del mismo, y la vuelta a la fase previa a su adjudicación.

Por todo esto, desde el PSOE de Salamanca, se ha vuelto a insistir en la petición de dimisión por parte de Javier Iglesias al frente de la Diputación de Salamanca, «es un lastre para la provincia», ha concluido su secretario de política institucional socialista, tras acusarle de ser «un presidente ausente, alejado de la realidad, que no sale del despacho, no pisa la calle salvo para hacerse la foto, y de hacer mucho daño a Salamanca».

«Los salmantinos estamos hartos de ser los paganos de su irresponsabilidad y de su mala gestión», ha insistido el portavoz del PSOE en la Diputación, Fernando Rubio, en relación a esta nueva sentencia condenatoria, «que ni nos sorprende ni nos extraña».

Una cuestión y un hecho «donde algo huele a podrido» ha indicado Rubio, que ha justificado su sospecha porque la empresa beneficiaria de este contrato de vigilancia y seguridad, ahora anulado por la justicia y por la que la Diputación tendrá que pagar indemnización, se adjudico a Ariete, «una empresa que tiene una relación muy evidente con el PP».

El portavoz socialista ha justificado esta afirmación tras recordar la adjudicación a esta empresa por parte de la Comunidad de Madrid que preside Isabel Ayuso, «a dedo y sin ningún tipo de concurrencia», de la seguridad del Hospital Zendal de Madrid por un importe de 1,3 millones de euros en junio del año 2021, «y otros más de 800.000 euros seis meses antes de esa fecha». En los últimos cinco años, ha continuado Rubio, la empresa Ariete ha recibido más de 13 millones de euros por parte de la Comunidad de Madrid donde gobierna el PP. Una empresa, con la que ahora la Diputación de Salamanca no ha hecho las cosas bien, cuya titularidad es, o ha sido, de una exconcejal del PP en el Ayuntamiento madrileño de Alcorcón, que llegó a ser teniente alcalde de eses Consistorio y que, cuando dejó de serlo, allá por el año 2017, «era íntima colaboradora de David Pérez, uno de los hombres fuertes del Gobierno regional de Madrid».

Este «nuevo turbio asunto» en el que se ve implicado el presidente de la Diputación Javier Iglesias y su equipo, «es el enésimo episodio de despropósitos y de despilfarros en que se ve envuelto desde que está al frente de la institución provincial» ha lamentado el diputado provincial Manuel Ambrosio Sánchez en su intervención.

En este sentido, el también alcalde en el municipio de Morille, ha enumerado a modo de recordatorio casos como el desmantelamiento de IFESA, donde la Diputación tuvo que pagar casi 300.000 euros por el despido improcedente de sus trabajadores. O el cierre de la Escuela Guillermo Arce, que también supuso el tener que pagar casi 500.000 euros por el mismo motivo, el despido improcedente de también sus trabajadores, «un suceso lamentable donde hubo prepotencia, falta de diligencia, de gestión y de capacidad negociadora porque ese personal estaba a punto de jubilarse y dispuestos a llegar a un acuerdo pero fueron maltratados y la justicia les dio la razón en su denuncia contra la Diputación por sus despidos».

Manuel Ambrosio Sánchez también ha puesto sobre la mesa «el culebrón del Muelle de Vega Terrón», donde sin contar el importe de las obras comprometidas con la empresa adjudicataria de su explotación a la hora de darle la concesión, Vegater, y «que nunca fueron ejecutadas ninguna de ellas», hay que sumar los impagos que está empresa estaba obligada a hacer a la Diputación por dicha adjudicación, que superaban los 600.000 euros, «y que nunca se reclamaron ni fueron ingresados en las arcas de la institución provincial, pero no solo eso» ha añadido, «sino que hubo que abonar después 100.000 euros como indemnización, de dinero público, por el recurso que presentó la propia empresa contra la rescisión del contrato que gestionó el señor Javier Iglesias», o lo que es lo mismo, «de ser incapaz de recaudar más de 600.000 euros de deuda, más el importe de las obras que estaban comprometidas, y no fueron hechas, a tener que pagar 100.000 euros».

Por último, Sánchez también ha mencionado el asunto de la cesión del Centro de Educación Especial Reina Sofía y del Centro de Formación Profesional Ciclo de Grado Medio, ambas cuestiones  de titularidad y competencia de la Diputación, «donde se produjo el desfalco más cuantioso por parte de su presidente Javier Iglesias», y por el que la institución ha dejado de ingresar, «cuando menos y de momento» más de un millón de euros que tenía que abonar la Junta de Castilla y León con motivo de un acuerdo de cesión de edificios y espacios, «cuantía que nunca llegó a las arcas de la Diputación por negligencia, falta de celo, de diligencia y de seguimiento a la hora de hacer valer y cumplir el acuerdo», y que ya ha sido declarada como «incobrable» por parte de una sentencia judicial.

En definitiva, han concluido desde las filas socialistas, sumando las cifras de estos desastres en la gestión, «son solo algunos ejemplos pero hay muchos más», la cantidad de dinero público despilfarrado por Javier Iglesias al frente de la Diputación supera los dos millones de euros, y ni él ni ningún miembro de su equipo ha asumido responsabilidad política alguna, «esta es la realidad de la provincia, desfalcos y despilfarros de dinero público uno tras otro», han finalizado.