Pesadilla en Baños de Montemayor: alquila 7 días y sufre una orden de alejamiento
Una estancia turística de siete días ha desembocado en una auténtica encrucijada legal y económica para Mariluz García, vecina y propietaria del complejo de apartamentos turísticos La Plazuela, en Baños de Montemayor.
Lo que comenzó como una reserva habitual a través de plataformas digitales ha derivado en la ocupación indefinida del inmueble, un presunto delito de falsedad documental y una paradoja judicial: la dueña no puede acercarse a su propio medio de vida tras dictarse una orden de alejamiento en su contra.
El conflicto se originó tras el acceso de unos clientes mediante el sistema automatizado de caja de seguridad con código y abono por Bizum. Cumplido el plazo de una semana convenido para las vacaciones, los inquilinos rehusaron marcharse, alegando disponer de un contrato de arrendamiento de siete años. La propietaria sostiene que dicho acuerdo es enteramente espurio y que los ocupantes copiaron el sello comercial de una factura antigua perteneciente a su marido —anterior titular del negocio y actualmente jubilado— para estamparlo en cada una de las hojas del supuesto documento.
Con ese contrato bajo sospecha, los ocupantes lograron tramitar su empadronamiento en el municipio, además de instalar una cámara de videovigilancia propia e intentar cambiar la titularidad del suministro eléctrico. Si bien la inscripción padronal acredita únicamente la residencia efectiva a efectos administrativos y carece de validez jurídica para legitimar la posesión o resolver la autenticidad contractual, la situación ha blindado de facto la permanencia de los ocupantes mientras se dirime el litigio en los juzgados.
El perjuicio trasciende a este inmueble concreto. Al ubicarse en un bloque donde la familia gestiona otros dos alojamientos, los altercados nocturnos han provocado la cancelación masiva de estancias de terceros y cuantiosas penalizaciones en las plataformas turísticas, golpeando de lleno la economía de un negocio familiar en una localidad cuya actividad depende estrechamente del turismo termal del Valle del Ambroz.
La escalada de tensión culminó cuando, tras optar la propietaria por reducir la potencia eléctrica al mínimo legal, los ocupantes interpusieron una denuncia por presunto acoso y amenazas. La resolución judicial ha impuesto a los dueños una medida cautelar de alejamiento, impidiendo a Mariluz aproximarse a las instalaciones. La dueña lamenta el desamparo sufrido ante lo que define como su principal sustento laboral y no una segunda residencia, mientras el vecindario de Baños de Montemayor se moviliza en su apoyo a la espera de que los tribunales esclarezcan la falsedad del contrato.
