Salamanca afronta el verano “sin garantías” frente a los incendios
- El PSOE reclama cambios urgentes en el operativo forestal y advierte de la falta de avances en prevención y extinción
El PSOE ha alertado de que Salamanca inicia el verano “sin garantías” frente a los incendios forestales y ha exigido a la Junta de Castilla y León una revisión urgente del modelo actual. Los procuradores socialistas por Salamanca en las Cortes, Fran Díaz y Miguel Ángel Luengo, sostienen que la provincia encara la campaña estival con carencias similares a las registradas el pasado año y reclaman una estrategia basada en la prevención, el refuerzo de los medios públicos y una mayor transparencia en la gestión del operativo.
Durante una comparecencia ante los medios, ambos representantes expresaron su preocupación por el estado del dispositivo autonómico de lucha contra incendios. Díaz aseguró que la situación apenas presenta cambios respecto al verano anterior, una circunstancia que considera especialmente inquietante debido a los resultados registrados en la última campaña.
El procurador socialista pidió la comparecencia de la consejera de Medio Ambiente, María Corral, para explicar las medidas previstas para los próximos meses y ofrecer información detallada sobre los recursos disponibles. A su juicio, la reorganización competencial impulsada por el Ejecutivo autonómico tras la formación del nuevo Gobierno ha generado incertidumbre dentro del propio operativo.
“Los ciudadanos y los alcaldes deben conocer los medios con los que se afrontará esta campaña”, defendió Díaz, quien cuestionó la distribución de competencias realizada por la Junta y advirtió de posibles problemas de coordinación administrativa.
Los socialistas insisten en la necesidad de mantener un operativo activo durante todo el año. En este sentido, Díaz reiteró que la lucha contra los incendios comienza mucho antes de la llegada del verano y defendió una apuesta más decidida por las labores preventivas en los montes y espacios forestales.
Entre las críticas planteadas también figura la ausencia, hasta la fecha, del convenio de colaboración entre la Junta de Castilla y León y la Diputación de Salamanca para la participación del servicio provincial de bomberos en la extinción de incendios forestales. El procurador consideró que esta situación incrementa la preocupación ante los meses de mayor riesgo.
Según advirtió, la falta de certezas sobre el dispositivo puede tener consecuencias sobre la economía provincial, el patrimonio natural y cultural y la seguridad de los ciudadanos.
Por su parte, Miguel Ángel Luengo, procurador socialista y alcalde de La Alberca, recordó que las competencias en prevención y extinción corresponden exclusivamente a la Administración autonómica. Desde esa premisa, defendió que los ayuntamientos continúan soportando las consecuencias de los incendios sin disponer de capacidad de decisión sobre la planificación forestal.
Luengo mostró además su desacuerdo con la incorporación del área de política ambiental a la Consejería de Agricultura y Ganadería. A su entender, esta reorganización puede provocar conflictos de gestión y generar expectativas difíciles de cumplir entre los distintos sectores afectados.
El alcalde albercano señaló igualmente que el modelo vigente mantiene el foco principal en la extinción de los fuegos cuando, a su juicio, la prioridad debería situarse en la prevención. Como ejemplo, recordó que la Sierra de Francia ya ha registrado un incendio en los últimos días, coincidiendo con el inicio de la época de alto riesgo.
Durante su intervención también aludió a la situación laboral de parte del personal forestal, a la disponibilidad de recursos materiales y a la participación de empresas privadas dentro del operativo autonómico. En este contexto, defendió la creación de un sistema de carácter plenamente público y el reconocimiento profesional de la figura del bombero forestal.
Los procuradores socialistas concluyeron su intervención reclamando un cambio de orientación en la política forestal de Castilla y León. Su propuesta pasa por reforzar las actuaciones preventivas y reducir la dependencia de las intervenciones de emergencia, con el objetivo de minimizar el impacto de los grandes incendios que han afectado a la comunidad en los últimos años.
