VÍDEO | Intervención destapa 1,2 millones de euros en 1.446 facturas irregulares del equipo de Gobierno PP-Vox

• El informe oficial es demoledor y asegura que las irregularidades «merecen un análisis jurídico exhaustivo»

El Pleno Municipal ordinario, correspondiente al mes de noviembre de 2025, el alcalde, Antonio Cámara (PSOE) dio la bienvenida al nuevo vicesecretario, Ignacio Valbuena Redondo, quien juró su cargo el pasado 18 de noviembre.

En cuanto a la toma de posesión del cargo de concejal, el secretario general informó del envío de la credencial de la JEC a nombre de D. Luis García Castro, señalando que, pese a haber sido convocado, no había establecido contacto hasta la fecha, manifestando hoy su intención de presentar un escrito de renuncia expresa por motivos laborales, por lo que la plaza queda vacante de momento. Se continuará requiriendo las credenciales a los siguientes componentes de la lista electoral del PP.

Se trató a continuación la solicitud de adhesión formal a la Red de Jardines Históricos Europeos, planteándose la aprobación de la cuota correspondiente. Aunque no existe partida presupuestaria específica, la propuesta fue aprobada por unanimidad. De igual manera se ratificaron los acuerdos en materia de personal con dos trabajadores, consistentes en el reconocimiento de sus derechos y la suscripción de esos consenso transaccionales para su elevación al Juzgado, con el fin de evitar costas e intereses.

• INFORME DEMOLEDOR SOBRE LAS FACTURAS IRREGULARES PAGADAS POR EL ANTERIOR EQUIPO DE GOBIERNO PP-VOX

El Ayuntamiento de Béjar afronta uno de los informes de fiscalización interna más extensos y contundentes de los últimos años.

Hasta ahora, y según los datos obtenidos por BÉJAR EN EUROPA, el agujero económico de las facturas irregulares pagadas por el anterior equipo de gobierno PP-Vox se aproximaba a «un millón de euros». Sin embargo, este dato se queda corto en base a la documentación oficial aportada por la Intervención Municipal.

Ese departamento técnico ha documentado 1.446 facturas reparadas por un importe total de 1.193.761,27 euros durante el ejercicio de 2024 y hasta el 5 de agosto de 2025. Y ha detectando irregularidades reiteradas en materia de contratación pública y control del gasto. El análisis destaca que, durante el mandato previo a la moción de censura, las facturas con reparo fueron habitualmente aprobadas mediante «levantamiento de reparo y aprobación por Decreto de Alcaldía», un mecanismo que asume responsabilidad política directa y evita la revisión del Pleno.

El diagnóstico técnico es contundente. La Intervención identifica como principal irregularidad la «ausencia de contrato», que afecta a 1.291 facturas por un total de 792.419,98 euros, lo que supone el 66,38% del total. El documento especifica que esta práctica vulnera varios preceptos esenciales de la Ley de Contratos del Sector Público, recordando literalmente que «los contratos del sector público se perfeccionan con su formalización». En numerosos casos —señala el informe— se abonaron servicios ejecutados sin procedimiento de adjudicación alguno o con la contratación ya caducada.

La segunda irregularidad más frecuente es el fraccionamiento del objeto contractual, que suma 211.371,25 euros, representando el 17,70% de las operaciones cuestionadas. La Intervención advierte de la existencia de «múltiples casos de fraccionamiento artificial del objeto contractual con el fin de eludir la aplicación de los procedimientos de contratación», vulnerando el artículo 99.3 de la LCSP, que prohíbe dividir contratos para evitar publicidad y concurrencia.

También aparecen reparos por gastos periódicos y previsibles que deberían haber sido objeto de licitación, por facturas emitidas antes de la formalización del contrato y por servicios que sobrepasaron las cuantías adjudicadas sin modificación contractual.

El análisis económico por ejercicios revela que en 2024 se aprobaron por Decreto 382.648,65 euros en facturas reparadas, mientras que en 2025, hasta el 5 de agosto, esta cifra ascendió a 623.015,03 euros. Tras el relevo en la Alcaldía, permanecen 153.469,27 euros pendientes de aprobación por reparos no levantados, y se han aprobado 34.628,32 euros vía Pleno mediante R.E.C. Entre los departamentos más afectados destacan La Covatilla (31,41% del total), Educación, Medio Ambiente, Deportes y Obras, que concentran la mayoría de los importes cuestionados.

En cuanto a proveedores, sobresalen empresas de suministro energético y servicios recurrentes. Una única comercializadora acumula más de 226.000 euros, y otra de limpieza supera los 159.000 euros. También figuran cantidades notables vinculadas a gas, electricidad, servicios técnicos y suministros diversos.

El informe concluye que las irregularidades descritas «son de suficiente gravedad como para merecer un análisis jurídico exhaustivo por parte de los Servicios Jurídicos municipales». La Intervención Municipal se declara disponible para colaborar con «los órganos judiciales o el Tribunal de Cuentas» en caso de que se requiera documentación adicional.

• EXISTENCIA DE OTRO CONTRATO «DEL TODO IRREGULAR» DE LA ANTERIOR GESTIÓN PP-VOX

Cámara destacó posteriormente la existenia un contrato «del todo irregular en La Covatilla. La empresa de las máquinas contratadas para el suministro de café está adjudicada por un contrato privado por 5 años y firmado por Luis Francisco Martín (PP) como alcalde».

• MOCIONES

Salió adelante, por unanimidad de los asistentes ya que el PP se ausentó durante el debate de la urgencia y de la propia moción presentada por las ediles no adscritas, Olga García y Araceli Dorado, la propuesta para reclamar los históricos cañones de Víctor Gorzo al Ministerio de Defensa.

Una vez regresaron los concejales del PP, también se acordó por unanimidad el acuerdo de acta de conciliación con el personal de limpieza propuesto por el equipo de Gobierno PSOE-TAB ante la denuncia presentada al Juzgado de lo Social de Salamanca por el sindicato CCOO y reconocido por unanimidad en el Pleno Municipal del 31 de marzo de 2025.

Se rechazaron las urgencias de sendas mociones presentadas por el PP. Una sobre la tasa de la basura y otra sobre la revisión de facturas reparadas en los últimos 5 años.