Los trabajadores de Llano Alto se concentran ante la Junta de Castilla y León
- Anuncian «una cascada de demandas judiciales» contra la institución regional
Tal y como viene informando BÉJAR EN EUROPA desde el pasado 9 de mayo, los trabajadores interinos del albergue de Llano Alto han sido despedidos «por por una decisión arbitraria de los políticos también bejaranos, Gonzalo Santoja (Vox), como consejero de Cultura, y Enrique Sánchez-Guijo (Vox), como director general de Deportes», según el Comité de Empresa. Estos despidos se hicieron efectivo el 16 de mayo cuando responsables de la Consejería de Cultura en Salamanca se dirigieron al centro para comunicarles a los trabajadores afectados con contrato interino afectados la terminación de sus contratos, mientras que al personal fijo les han comunicado una movilidad geográfica para continuar trabajando en otros centros de la Junta de Castilla y León. Se han hecho «con tan poco tiempo de margen que habrá personas que no tendrán tiempo de disponer de sus vacaciones legalmente generadas, y que la propia Consejería de Cultura ya señala que no le pagará si no dispone de tiempo para disfrutarlas».
Estas situaciones, tanto «los despidos ilegales por defecto de forma, como la actitud sobre unas vacaciones no disfrutadas, van a provocar una cascada de demandas judiciales, lo que supondrá un mayor gasto en las arcas de la Junta de Castilla y León, con el más que posible pago de indemnizaciones por parte de la Consejería de Cultura por no haber realizado bien su trabajo a la hora de decidir el destino de estos trabajadores y trabajadoras». De esta manera, aseguran, «el capricho por parte de la Consejería de Cultura saldrá caro a los castellano y leoneses. Algo que hubiera sido evitable tan sólo con una negociación con el tiempo suficiente como para la realización e implantación de un plan de recursos humanos que hubiera permitido la recolocación de todas las personas afectadas en puestos de necesaria cobertura, mientras duraran las obras, evitando de esta forma el pago de indemnizaciones, el colapso de los juzgados y el desperdicio del dinero de la ciudadanía».
La resolución ha sido calificada desde el principio de «injusta e ilegal» por sindicato Comisiones Obreras (CCOO), «ya que no cumple con los requisitos de la Ley para poder realizarla. Se trata de un despido colectivo que requiere de más de 30 personas despedidas o de un 10% de la plantilla de la empresa. Requisitos que no se cumplen. Tampoco se produce el cierre definitivo del centro o la amortización de plazas para llegar al despido».
«Se presenta la paradoja de que a pesar de que están prescindiendo del personal en este centro de trabajo, recientemente han prolongado el contrato que tienen que con una empresa privada para realizar funciones de vigilancia, funciones que en horario diurno venían realizando hasta hora con personal propio. Esto implica un aumento del gasto publico», explican desde el Comité de Empresa.
Los trabajadores afectados, junto con sus representantes, han mostrado su descontento con la política del despido de la Consejería de Cultura concentrándose ante la delegación de la Junta de Castilla y León en Salamanca.
Para CCOO, «las decisiones no están debidamente justificadas puesto que no se cumplen las características legales para que se realice un despido colectivo. Además de ha producido a destiempo, sin mostrar buena fe negociadora. Se han apurado al máximo los plazos tanto para negociar con el Comité de Empresa, como para comunicar a las personas afectadas la terminación de sus contratos. Tan apurados han estado, que no han esperado al final de la negociación para comunicar a la autoridad laboral el despido colectivo. Ver que la Consejería de Cultura decide no esperar a finalizar la negociación para comunicar el despido colectivo, y teniendo en cuenta su postura ha sido inamovible, son razones suficientes para considerar que no ha habido buena fe negociadora».
