Editorial 531 | Béjar ante el reloj

• El tiempo exige transparencia, rigor, coraje político y esclarecimiento judicial

Béjar avanza hacia mayo de 2027 bajo la sombra de asuntos cuya gravedad trasciende la disputa partidista. Sobre la ciudad planean todavía las preguntas derivadas de 1.446 facturas reparadas por más de 1,2 millones de euros, asociadas por la Intervención Municipal a presuntas irregularidades en materia de contratación pública, junto a la polémica suscitada por la firma de un decreto atribuida al anterior alcalde cuando ya había prosperado la moción de censura. Ambos episodios continúan reclamando un esclarecimiento pleno y una respuesta institucional a la altura de los hechos.

La cuestión central ya no gira alrededor de un partido u otro. El verdadero debate afecta a la credibilidad de las instituciones, al respeto debido a la legalidad y a la confianza depositada por los vecinos en quienes administran los recursos públicos. Cada demora amplía la sensación de distancia entre la ciudadanía y unos mecanismos de control cuya función consiste precisamente en garantizar transparencia y rendición de cuentas.

Entre todos los riesgos sobresale uno especialmente perturbador: La prescripción. Silenciosa, constante y paciente. Avanza mientras se acumulan informes, se prolongan trámites y se suceden los meses. Ninguna estrategia defensiva resulta tan eficaz como el simple transcurso del tiempo. Ningún aliado ofrece tanta protección como un calendario agotado.

Por ese motivo, la lentitud deja de ser una cuestión administrativa para convertirse en un problema democrático. Cuando una causa de relevancia pública se aproxima al límite temporal, surge una percepción devastadora para cualquier sociedad libre. La impresión de asistir a una carrera desigual entre la búsqueda de la verdad y el desgaste de la memoria colectiva. Entre el interés público y la comodidad del olvido.

El informe de Intervención describió prácticas cuya dimensión económica y administrativa merece una explicación exhaustiva, incluyendo pagos sin contrato, posibles fraccionamientos contractuales y otros extremos cuya relevancia jurídica deberá determinarse en las instancias competentes. El propio documento consideró los hechos merecedores de un análisis jurídico profundo.

Al mismo tiempo, la controversia surgida alrededor de la firma de un decreto tras la pérdida de la Alcaldía proyectó una imagen institucional profundamente inquietante. La alcaldía representa la máxima autoridad municipal. Su ejercicio exige legitimidad, competencia y seguridad jurídica. Cualquier duda sobre esos principios erosiona la confianza pública y deteriora el prestigio de la institución.

Resulta comprensible, por tanto, la insistencia ciudadana en reclamar documentos, respuestas y explicaciones. Porque allí donde prospera la opacidad florecen los rumores. Allí donde faltan respuestas crecen las sospechas. Allí donde el tiempo sustituye a la verdad aparecen los relatos interesados, las versiones acomodadas y las estrategias destinadas a diluir responsabilidades entre montañas de expedientes y años de espera.

Béjar merece conocer con exactitud qué ocurrió, quién tomó cada decisión, bajo qué criterios se actuó y qué consecuencias corresponden en cada caso. Merece instituciones capaces de afrontar cualquier investigación con serenidad, con firmeza y con absoluto respeto hacia la inteligencia de los ciudadanos.

El reloj sigue avanzando. Cada día fortalece a la prescripción y debilita la confianza pública. Cada semana sin respuestas añade un nuevo desgaste a la credibilidad institucional. Cada mes de silencio alimenta la sospecha. El tiempo ya ha tenido demasiado protagonismo.