El equipo de Gobierno PP-Vox nunca respondió al requerimiento de Fiscalía sobre los asesores
- La resolución del Ministerio Público deja abierta la puerta a una actuación judicial de los afectados
La investigación abierta por la Fiscalía de Salamanca a raíz de las denuncias sobre varios asesores vinculados al Ayuntamiento de Béjar acabó archivada, aunque el decreto de cierre incorpora un hecho de notable relevancia institucional. El consistorio dejó transcurrir 6 meses sin atender la documentación requerida por el Ministerio Público, pese a la existencia de una petición formal y de un posterior recordatorio dentro del procedimiento.
La resolución de la Fiscalía Provincial de Salamanca, a la que ha tenido acceso BÉJAR EN EUROPA, tiene su origen en la documentación remitida por una comisión de investigación municipal sobre la actuación de los asesores. El expediente recogía testimonios de trabajadores y concejales que alertaban de conductas consideradas impropias, enfrentamientos con miembros de la oposición, conflictos con empleados municipales e intentos de ampliar su capacidad de intervención dentro de la administración local.
Con el objetivo de verificar esos extremos, la Fiscalía acordó incoar diligencias de investigación y solicitó información al Ayuntamiento de Béjar. El requerimiento se formalizó mediante oficio remitido al consistorio. Ante la ausencia de respuesta, el Ministerio Público volvió a recordar la petición el 13 de mayo. La documentación solicitada siguió sin llegar 6 meses después de la apertura de las diligencias.
Durante todo ese periodo, la Alcaldía permanecía en manos de Luis Francisco Martín (PP), máxima autoridad política de una institución llamada a colaborar con una investigación promovida por el propio Ministerio Público, ya que se trata de fechas anteriores a la moción de censura.
La falta de respuesta municipal marcó el desarrollo del procedimiento. La Fiscalía tuvo que pronunciarse sin disponer de la información reclamada al Ayuntamiento. El decreto deja constancia expresa de esa circunstancia y la incorpora a los antecedentes de la resolución, una mención poco habitual en una investigación de estas características.
El Ministerio Público analizó las denuncias y concluyó finalmente que los hechos expuestos carecían de relevancia penal. La resolución señala que las referencias al trato dispensado a trabajadores y miembros de la oposición no habían dado lugar a denuncias de los posibles afectados. También aprecia que otras actuaciones atribuidas a los asesores quedaron limitadas por la intervención de los servicios técnicos y jurídicos municipales, o encontraban mejor acomodo en la vía contencioso-administrativa.
Con esos argumentos, el fiscal acordó el archivo de las diligencias por no revestir los hechos denunciados caracteres de delito. La resolución informa además a los denunciantes de su derecho a reproducir la denuncia ante los juzgados de instrucción.
