Editorial 523 | Eco turbio pendiente de aclarar

• Una sombra judicial que la ciudad ya no puede ignorar

Hay épocas en la vida de una ciudad que, aunque el calendario las dé por concluidas, siguen respirando en los pasillos del consistorio como ese olor a humedad que ningún ventilador logra desalojar de un edificio antiguo. El mandato del reprobado y cesado exalcalde de Béjar, Luis Francisco Martín (PP), pertenece a esa clase de estaciones que se enquistan. Fue un tiempo en el que la ciudad aprendió, a contraluz y a trompicones, que ninguna administración puede sostenerse sobre humo, improvisación y atajos sin que el edificio entero empiece a crujir.

El mal llamado ‘caso asesores’, debería haberse denominado ‘caso Martín‘, fue sólo el síntoma más visible de una dolencia más profunda. Facturas con reparos, informes huidizos, advertencias de Intervención y Secretaría cayendo al suelo como hojas mojadas. Un coro que cantaba en vano mientras desde despachos en penumbra se seguía otra partitura. Demasiadas alarmas, demasiadas sombras para un único relato.

Aquella gestión descendía por una ladera resbaladiza hecha de excepciones, favores administrativos y decisiones tomadas con la ligereza de quien cree que el dinero público es una bruma infinita. De aquel clima viciado nació la moción de censura, un acto reflejo de supervivencia democrática.

Pero el humo nunca termina de disiparse. La reciente denuncia pública hecha por el actual alcalde, Antonio Cámara (PSOE), en el trancurso de una sesión plenaria ya no sorprende a nadie. Se trata de un contrato privado, por 5 años y «del todo irregular», firmado por Martín (PP). Un eco más sobrevolando la vida municipal como los 1,2 millones de euros en 1.446 facturas irregulares, el famoso expediente 629/2025 donde se contrataba una colaboración con otro miembro de la candidatura del PP en las municipales de 2023, las acusaciones de presunta revelación de datos personales a terceros, o la supuesta usurpación de atribuciones públicas firmando un decreto como alcalde cuando ya no lo era; entre otras que ya informará BÉJAR EN EUROPA próximamente.

Cada una de estas sombras, algunas ya denunciadas y otras aún en debate público, compone un mosaico que exige ser mirado de frente. No es cuestión de siglas; es cuestión de método, de respeto a los cauces, de entender que una ciudad no se gobierna a base de atajos.

Y es por eso que, desde la perspectiva ciudadana, resulta inevitable la sensación de que Martín (PP) debería explicar cada una de estas cuestiones ante un juez con la exhaustividad que el cargo que ocupó merece. Que tal vez, dadas las múltiples sospechas acumuladas, el lugar más adecuado para despejar la bruma sea el juzgado durante el tiempo que haga falta para revisar, aclarar y documentar cada episodio, uno por uno.

Si existen indicios, dudas razonables o irregularidades que merecen ser examinadas, el camino no es la sospecha interminable, sino la justicia. El Ayuntamiento debe remitir, sin titubeos ni cálculos partidistas, todo lo necesario para que un juez determine, con luz y taquígrafos, si hubo delito o si, sencillamente, no lo hubo.

Sólo un procedimiento judicial claro y firme podrá cerrar esta herida. No con rumores. Con certeza.