Martín (PP) y Pozo (Vox) declararán ante el juez por presunta prevaricación y malversación de fondos públicos
- La Fiscalía impulsó las diligencias tras apreciar indicios que justificaban la investigación
El reprobado y cesado exalcalde de Béjar, Luis Francisco Martín (PP), y la entonces responsable de Cultura, Purificación Pozo (Vox), comparecerán el próximo 27 de julio de 2026 ante el juzgado instructor en calidad de investigados por presuntos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos. La citación judicial, a instancias de Fiscalía, tiene su origen en la denuncia remitida al Ministerio Público por el propio Ayuntamiento de Béjar tras acuerdo plenario.
Los hechos tratan sobre un expediente municipal destinado a colaborar en la impresión de cien ejemplares de una publicación dedicada a la cultura y la historia de Béjar. El autor de la obra, Luis Fernando Sáez de Miera Pastor, había formado parte de la candidatura popular en las elecciones municipales y la edición del libro corría a cargo de una empresa vinculada a Martín (PP). La impresión fue facturada por otra sociedad relacionada con el entonces alcalde.
En el propio expediente municipal figura que el entonces regidor suscribió una declaración de ausencia de conflicto de intereses sin embargo, los grupos de la oposición sostenían que existían relaciones comerciales recientes entre las partes implicadas. Estas circunstancias desencadenaron las denuncias públicas y el Pleno respaldó el envío de toda la documentación para su análisis jurídico y la posterior intervención de la Fiscalía.
Por su parte, Pozo (Vox) también aparece vinculada a la tramitación del expediente por su responsabilidad política sobre el área de Cultura. Durante el debate público generado por el asunto, la entonces concejala defendió que la ayuda terminó paralizada al detectarse la controversia.
La comparecencia del próximo 27 de julio marcará un paso relevante en una causa que busca esclarecer si la concesión de aquella ayuda pública respetó los principios de imparcialidad y legalidad exigidos a las administraciones. El procedimiento deberá determinar ahora el alcance de las posibles responsabilidades penales derivadas de esa operación.
