El Brexit y la ciudadanía de Castilla y León en el Reino Unido

  • Los firmantes piden más medidas y compromiso político a los candidatos a la Junta de Castilla y León con los castellanos y los leoneses en el exterior

| NOELIA MARTÍNEZ CASTELLANOS |

Aunque la mayoría de los partidos políticos que se presentan a las elecciones a la Junta de Castilla y León el próximo 13 de febrero incluyen planes de retorno en sus programas, existe una falta concreción en las medidas para apoyar a los castellanos y los leoneses en el exterior y atender realidades tan diversas como puede ser la que se ha generado tras el Brexit en el Reino Unido.

Tras la salida de la Unión Europea, el gobierno del Reino Unido impuso un nuevo régimen de registro para los ciudadanos de la Unión que hubieran comenzado a residir en el país antes del 30/12/2021 y que quisieran seguir viviendo, estudiando, o trabajando en el Reino Unido, pero con unas condiciones muy distintas a las que se aplicaban en el pasado.

Más de 350.000 ciudadanos españoles habían enviado una solicitud para registrarse en el programa obligatorio para solicitar la regularización en el Reino Unido hasta el 30 de junio de 2021, la fecha límite para pedirlo.

Aunque este número pueda dar la sensación de que se ha llegado a muchos ciudadanos españoles, esta cifra no se puede interpretar como un éxito, puesto que no se sabe exactamente a cuántas personas les afecta este cambio. El Gobierno británico subestimó el número de ciudadanos de la UE en el Reino Unido en 3 millones, mientras que las últimas estadísticas apuntan a más de 6 millones de solicitudes. Ante tal escenario es difícil saber cuántas personas no se han podido regularizar aún y tienen que realizar una solicitud tardía al programa de asentamiento. Por ahora, y hasta el 30 de septiembre 2021, 8,000 ciudadanos españoles han enviado una solicitud tardía, según cifras del Ministerio del Interior Británico (en inglés, Home Office),.

“Es imposible saber cuántos españoles más tendrían que haberlo solicitado y no lo han hecho. A esto hay que sumarle el problema de los españoles que siguen actualmente llegando al Reino Unido para trabajar y que desconocen que las reglas del juego han cambiado y ahora necesitan un visado. Estar indocumentados o trabajando de manera irregular les hace aún más vulnerables. Por eso instamos a las autoridades españolas, tanto en el Reino Unido como en España, a que no cierren o reduzcan de manera drástica los servicios de Ventanilla Única en los consulados. La labor informativa de los gobiernos regionales como la Junta de Castilla y León también es clave. Necesitamos más información en origen. Lamentablemente, hasta ahora, hemos detectado una falta de concienciación e incluso de interés en este asunto e instamos a quienes formen nuevo Gobierno, tras las elecciones del 13 de febrero, a que se comprometan con la situación”, explica Noelia Martínez, leonesa asentada en Escocia y coordinadora de la ONG Citizens Rights Project.

Por otro lado, el 10 y el 20% de las personas que necesitan solicitar el estatus de asentado son vulnerables o tienen algún tipo de barrera para solicitarlo, según el Ministerio del Interior británico. Esto significa que entre 35.000 y 70.000 ciudadanos españoles podrían experimentar algún tipo de dificultad en los próximos años.

El número de preguntas y quejas recibidas por organizaciones expertas en ayudar en este proceso está incrementandoy además, los casos son cada vez más complejos.

“Además de las incidencias técnicas, retrasos habituales, y la confusión generalizada ante la falta de un documento físico, estamos observando un criterio de evaluación de los casos mucho más estricto. En algunos casos también con decisiones incorrectas, ignorando la supuesta flexibilidad y sentido práctico que el Home Office declaró que aplicaría. Estos rechazos, unidos al retraso masivo en el proceso de revisión administrativa, deja a los solicitantes en una situación precaria ante la falta de resolución”, comenta Marta Mendiondo, experta en inmigración.

Las organizaciones y expertos firmantes del manifiesto, señalan también la insuficiencia de los recursos asignados a los tres consulados generales en Reino Unido, en comparación con el número de ciudadanos españoles que se han registrado en el EU SettlementScheme. A 1 de enero de 2021, había 160.641 españoles en el Reino Unido, según datos del Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero (PERE), frente a los más de 350.000 registrados en el nuevo programa obligatorio para residir en Reino Unido (EU SettlementScheme).

“La emigración que sirvió de válvula de escape de la crisis de 2009, y que ayudó a aliviar el nivel de desempleo y pobreza en muchas familias, ahora se ve “recompensada” con una pérdida de derechos y condiciones que distan de las que muchos tuvimos cuando tomamos la decisión de emigrar. Además, la decisión tomada libremente por la ciudadanía de un país en las urnas ha de ser aceptada, pero no así las discriminaciones, tratos desfavorables, o falta de flexibilidad mostrada por ambas partes.”, comenta el vallisoletano David Casarejos, asentado y Leeds y Consejero General por el Reino Unido en el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior.

Las organizaciones y expertos firmantes del manifiesto han elaborado un documento extenso que muestra en detalle las dificultades a las que ya se enfrenta o aquellas que van a llegar tras el Brexit y las comparten “para que se empiece a trabajar para rectificar o corregir en lo que se pueda, los aspectos desfavorables de las condiciones que nos han cambiado de un día para otro y que distan de la seguridad que teníamos como emigrantes bajo el paraguas de la UE. Es tiempo de encontrar soluciones y facilitar las vidas de más de 350 mil españoles en Reino Unido.”, aseguran.

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