Vecinos de Piedrahíta denuncian 10 episodios de agua “no apta” y exige frenar la licitación
- Entre sus argumentos figura la falta de análisis de radiactividad durante dos décadas
El colectivo vecinal de Piedrahíta ‘El Mascarón’ ha vuelto a cuestionar la gestión del abastecimiento de agua y reclama al Ayuntamiento que detenga la actual licitación antes de comprometer el servicio durante los próximos diez años. Sostienen que existen cuestiones pendientes sobre la calidad del agua, el estado de las infraestructuras y la propia situación contractual que deberían aclararse previamente.
Uno de los principales argumentos esgrimidos por el movimiento son las diez calificaciones de «no apta» que, según afirma, aparecen en el Sistema de Información Nacional de Agua de Consumo (SINAC). La última corresponde al 16 de junio de 2026, cuando el agua del casco urbano presentó 78 microgramos por litro de ácidos haloacéticos, frente al límite establecido de 60.
‘El Mascarón’ indica que estos episodios no fueron comunicados a la población y recuerda que la normativa establece actuaciones específicas cuando se produce una calificación de agua no apta, entre ellas una muestra de confirmación, la comunicación a la autoridad sanitaria y una valoración del riesgo. El colectivo asegura que ninguna de estas actuaciones aparece públicamente vinculada a las diez incidencias que figuran en el registro estatal.
La organización vecinal también denuncia que durante los últimos veinte años no se habría realizado ningún análisis de radiactividad en los registros consultados, pese a que este control está contemplado en la normativa y, según señala, resulta especialmente relevante por las características graníticas de la comarca.
El colectivo considera que estas cuestiones contradicen además el contenido del bando municipal del 1 de septiembre, en el que la Alcaldía afirmaba que ni el concesionario ni la autoridad sanitaria habían comunicado que el agua no fuera apta para el consumo.
A las dudas sobre los controles sanitarios se suma la situación de la propia red. ‘El Mascarón’ señala que el Anteproyecto número 2 incluido en el expediente reconoce que, en determinadas circunstancias, parte del caudal puede llegar a los depósitos sin haber recibido el tratamiento correspondiente, circunstancia que el documento relaciona con un posible compromiso de la calidad del agua suministrada.
El movimiento vecinal reclama además conocer con detalle qué contrato ampara actualmente la prestación del servicio. Para ello prepara una presentación colectiva de solicitudes al Ayuntamiento en la que pedirá el contrato de 2011, los acuerdos que regularon su adjudicación y sus posibles prórrogas, así como los informes, votaciones y periodos de vigencia correspondientes.
También quiere obtener información sobre el denominado «canon de mejoras», incluyendo cuánto se ha cobrado a través de los recibos, qué obras se han financiado con esas cantidades y cuál es el fundamento actual de su cobro.
Según la documentación citada por ‘El Mascarón’, el contrato firmado en 2011 tenía una duración máxima de cinco años y finalizó el 31 de diciembre de 2016. El colectivo cuestiona que el mismo servicio haya continuado desde entonces y reclama que se haga público el título que permite actualmente mantenerlo.
La alternativa que plantea el movimiento es una moratoria y un contrato puente que permita regularizar temporalmente el servicio, realizar un diagnóstico público de la red y elaborar un plan del agua con participación vecinal. Su propuesta pasa por abordar estas cuestiones antes de decidir el modelo de gestión para la próxima década.
El colectivo ya trasladó esta petición en la concentración celebrada el 26 de agosto en la Plaza de España de Piedrahíta, como ya publicó BÉJAR EN EUROPA, y donde se reclamó detener el proceso así como abordar primero las necesidades reales del abastecimiento.
Entre los datos que ‘El Mascarón’ extrae del expediente figura una necesidad estimada de 504.901 metros cúbicos de agua al año, frente a una concesión de 276.828 metros cúbicos. También significa que el rendimiento de la red se situó en el 46,77% en 2024, lo que implica que más de la mitad del agua captada no llega finalmente a los usuarios.
El movimiento cuestiona asimismo que el expediente plantee una subida de tarifas del 72,85% y una inversión mínima de 112.000 euros en la red durante los dos primeros años, mientras reconoce que no dispone del plano de la red actual ni del Plan Director.
