La empresa de Martín (PP) cobró por una actuación en Navacarros mientras él era concejal de ese municipio

• El contrato se otorgó sin concurso por la Diputación de Salamanca para un evento financiado con fondos provinciales

Luis Francisco Martín (PP), actualmente alcalde reprobado de Béjar y pendiente de una moción de censura, fue concejal del Ayuntamiento de Navacarros durante la legislatura 2019-2023. Por otro lado, es administrador único y socio único de la empresa TGC Cultural Civilis SLU, dedicada al ámbito de la cultura y los espectáculos.

Según documentos oficiales a los que ha tenido acceso BÉJAR EN EUROPA, esta empresa fue contratada por la Diputación de Salamanca para la realización de una actuación musical en el municipio de Navacarros el 16 de julio de 2022, en el marco de las fiestas patronales. El contrato, tramitado como contrato menor, fue adjudicado directamente como «única oferta recibida», una modalidad legal pero exenta de los requisitos de concurrencia pública que exigen otras fórmulas de contratación. Sin embargo, en el expediente figura como fecha de motivación el 21 de noviembre de 2022, y sale publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público con fecha 24 de noviembre de 2022. Es decir, más de 4 meses después de que se supuestamente celebrara el objeto de contrato.

Aunque la contratación no se produjo desde el Ayuntamiento de Navacarros, sino desde la Diputación, el hecho de que la actuación se realizara en el mismo municipio en el que Martín desempeñaba funciones como representante público plantea dudas razonables sobre la compatibilidad ética y política de ambos roles: El de servidor público y el de empresario contratado para prestar servicios financiados con fondos públicos. Su doble condición de representante municipal y administrador de una empresa proveedora de servicios culturales ha reavivado el debate sobre los límites entre lo público y lo privado en la gestión política local.

Legalidad vs. Ética pública

Desde el punto de vista jurídico, la contratación por parte de la Diputación no incurre, en principio, en ilegalidad directa, al no haber mediado una adjudicación desde el propio Ayuntamiento. Sin embargo, expertos en derecho administrativo consultados por este medio recuerdan que las situaciones de posible conflicto de intereses no dependen únicamente del marco legal, sino también de las normas éticas de la función pública.

“La ley de contratos del sector público establece mecanismos para evitar la contratación de empresas vinculadas a cargos públicos cuando puede haber un interés personal directo o indirecto”, explican. Si bien no está claro que Martín influyera en la adjudicación, el hecho de que su empresa fuera beneficiaria de un contrato para un evento en el mismo municipio donde ejercía como concejal podría considerarse, al menos, una incompatibilidad ética.

A día de hoy, no consta ninguna denuncia ni expediente administrativo abierto en relación con esta contratación.